El caso se origin\u00f3 a partir de la demanda de una trabajadora que se desempe\u00f1aba como \u201casistente de juegos 2\u201d y denunci\u00f3 que, pese a cumplir jornada completa, figuraba registrada con horario reducido<\/strong>. Esa diferencia fue el eje central del conflicto. Ante la negativa de la empresa a corregir la situaci\u00f3n, la empleada se consider\u00f3 despedida en forma indirecta<\/strong> y reclam\u00f3 las indemnizaciones correspondientes.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n qued\u00f3 establecida en la Resoluci\u00f3n N\u00b0 115\/26<\/strong>, dictada el 29 de abril por la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del m\u00e1ximo tribunal provincial, que cerr\u00f3 definitivamente la v\u00eda judicial para la empresa.<\/p>\n\n\n\n En primera instancia, el Juzgado del Trabajo N\u00b0 2 de Presidencia Roque S\u00e1enz Pe\u00f1a hizo lugar al reclamo y acredit\u00f3 las condiciones reales de trabajo<\/strong>. El tribunal concluy\u00f3 que la empresa no hab\u00eda registrado correctamente la relaci\u00f3n laboral, lo que justific\u00f3 el despido indirecto. La condena fijada ascendi\u00f3 a AR$ 13.222.919,84, incluyendo capital e intereses calculados a agosto de 2024.<\/p>\n\n\n\n Posteriormente, la C\u00e1mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de S\u00e1enz Pe\u00f1a confirm\u00f3 la sentencia en junio de 2025. El tribunal se\u00f1al\u00f3 que la documentaci\u00f3n presentada por la empresa presentaba inconsistencias, como falta de firmas, registros sin correlatividad y habilitaciones posteriores a las fechas declaradas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, remarc\u00f3 que la jornada reducida constituye una excepci\u00f3n dentro del r\u00e9gimen laboral y que la carga correspond\u00eda al empleador, algo que no ocurri\u00f3 en el expediente.<\/p>\n\n\n\n La empresa intent\u00f3 revertir el fallo con recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley, pero ambos fueron declarados mal concedidos por el Tribunal Superior, que sostuvo que los planteos no cumpl\u00edan con los requisitos formales para acceder a dicha instancia. Entre otras observaciones, se\u00f1al\u00f3 que los recursos no identificaban con claridad la cuesti\u00f3n central del caso <\/strong>ni refutaban de manera concreta los fundamentos de las sentencias anteriores.<\/p>\n\n\n\n En su resoluci\u00f3n, el tribunal consider\u00f3 que la empresa se limit\u00f3 a reiterar argumentos ya analizados sin demostrar errores jur\u00eddicos en las decisiones previas. \u201cLa simple discrepancia que en torno a la valoraci\u00f3n probatoria efect\u00faa la quejosa resulta est\u00e9ril para habilitar la instancia\u201d, indic\u00f3 el fallo firmado por los jueces Iride Mar\u00eda Isabel Grillo <\/strong>y Alberto Mario Modi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Con esta decisi\u00f3n, la condena laboral qued\u00f3 firme y la empresa deber\u00e1 afrontar el pago establecido en las instancias anteriores, adem\u00e1s de los costos del proceso.<\/p>\n\n\nIrregularidades en el registro laboral y primera condena<\/h2>\n\n\n\n
El STJ rechaz\u00f3 los recursos extraordinarios<\/h2>\n\n\n\n
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