La decisi\u00f3n del tribunal habilita el inicio de una investigaci\u00f3n penal <\/strong>para determinar eventuales responsabilidades asociadas a la ejecuci\u00f3n de la iniciativa sin haber ingresado al Sistema de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental (SEIA), en un contexto marcado por denuncias de informaci\u00f3n contradictoria y riesgos sobre el sistema h\u00eddrico de la zona. El nuevo proceso judicial se suma a una serie de cuestionamientos previos sobre la iniciativa. En enero, la Corte de Apelaciones de Talca rechaz\u00f3 una Orden de No Innovar<\/a> solicitada por la misma organizaci\u00f3n ambientalista, lo que permiti\u00f3 que las obras continuaran pese a los se\u00f1alamientos por eventuales riesgos sobre el Humedal Urbano Caj\u00f3n del R\u00edo Claro y el Estero Piduco.<\/p>\n\n\n\n La acci\u00f3n judicial, dirigida contra la Sociedad de R\u00edos Claros S.A., titular del proyecto, adem\u00e1s de funcionarios p\u00fablicos y otros posibles responsables, se centra en una presunta elusi\u00f3n del SEIA. Seg\u00fan los antecedentes, durante la tramitaci\u00f3n ambiental se inform\u00f3 que las excavaciones no superar\u00edan entre 1,4 y 1,6 metros de profundidad, argumento clave para descartar impactos sobre el acu\u00edfero.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, documentaci\u00f3n posterior, incluyendo antecedentes presentados por la propia empresa ante tribunales, dar\u00eda cuenta de excavaciones cercanas a los 3 metros<\/strong>, lo que duplicar\u00eda lo informado originalmente y pondr\u00eda en cuesti\u00f3n los fundamentos t\u00e9cnicos que permitieron excluir el proyecto de evaluaci\u00f3n ambiental.<\/p>\n\n\n\n En paralelo, informes previos de la Direcci\u00f3n General de Aguas (DGA) ya advert\u00edan sobre la sensibilidad del terreno, caracterizado por napas subterr\u00e1neas superficiales y su conexi\u00f3n con el humedal cercano, lo que, seg\u00fan el organismo, configuraba condiciones suficientes para exigir el ingreso obligatorio al SEIA.<\/p>\n\n\n\n Pese a estas advertencias, el proyecto avanz\u00f3 sin evaluaci\u00f3n ambiental y actualmente se encuentra en ejecuci\u00f3n, lo que ha intensificado las cr\u00edticas tanto hacia la empresa como hacia los organismos p\u00fablicos involucrados en su aprobaci\u00f3n, entre ellos el Servicio de Evaluaci\u00f3n Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).<\/p>\n\n\n\n La querella busca esclarecer posibles delitos vinculados a la entrega de informaci\u00f3n incompleta o contradictoria a la autoridad<\/strong>, as\u00ed como la eventual ejecuci\u00f3n de obras que debieron someterse a evaluaci\u00f3n ambiental. Asimismo, pone el foco en el rol de las instituciones que participaron en la tramitaci\u00f3n del proyecto, en medio de cuestionamientos sobre la eficacia de los controles regulatorios.<\/p>\n\n\n\n En este contexto, la Superintendencia del Medio Ambiente<\/strong> (SMA) ofici\u00f3 a la Direcci\u00f3n General de Aguas <\/strong>para que realice una fiscalizaci\u00f3n en terreno tras una denuncia por eventual intervenci\u00f3n del acu\u00edfero en el \u00e1rea de construcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El requerimiento se apoya en antecedentes t\u00e9cnicos que indican que el terreno corresponde a una zona de recarga de un acu\u00edfero libre, con niveles fre\u00e1ticos superficiales, lo que lo vuelve particularmente vulnerable a intervenciones como excavaciones profundas, drenajes o rellenos.<\/p>\n\n\n\n La fiscalizaci\u00f3n, sin embargo, se produce cuando las obras ya est\u00e1n en marcha, lo que ha sido calificado por organizaciones ambientales como una reacci\u00f3n tard\u00eda frente a posibles impactos ya generados<\/strong>.<\/p>\n\r\n\t\tFiscalizaci\u00f3n en curso por posible intervenci\u00f3n del acu\u00edfero<\/h2>\n\n\n\n
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