El recurso presentado es un mandamus<\/strong>, mediante el cual los demandantes buscan que la Justicia ordene al regulador cumplir con su propia normativa y tramitar los pedidos pendientes. El abogado del grupo, Frank Torres Viada<\/strong>, asegur\u00f3 que el reclamo apunta a algo \u201ctan sencillo y l\u00f3gico\u201d como que la agencia eval\u00fae las solicitudes conforme a la ley vigente.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan los operadores, la Comisi\u00f3n adopt\u00f3 una pol\u00edtica de \u201cpuertas cerradas\u201d<\/strong> que impide avanzar con nuevos licenciamientos. Tambi\u00e9n cuestionan la falta de notificaciones formales sobre el estado de los tr\u00e1mites y denuncian irregularidades en el proceso.<\/p>\n\n\n\n Torres Viada sostuvo que la Ley 111 otorga prioridad a quienes ya contaban con licencias, aunque, seg\u00fan indic\u00f3, el organismo habr\u00eda sido \u201cflexible y liberal\u201d en otorgarlas a nuevos actores sin respetar esos criterios. Incluso mencion\u00f3 que un informe de la Oficina del Inspector General habr\u00eda advertido posibles incumplimientos. \u201cHan dado licencias a gente que no ten\u00eda m\u00e1quinas antes ni ten\u00eda licencias vigentes\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n El planteo tambi\u00e9n incluye un pedido de acceso a informaci\u00f3n p\u00fablica <\/strong>para conocer el estado real del sistema de licencias y permitir una mayor fiscalizaci\u00f3n del proceso.<\/p>\n\n\n\n Desde la Comisi\u00f3n de Juegos rechazaron las acusaciones y defendieron su actuaci\u00f3n. En su respuesta judicial, el organismo argument\u00f3 que no existe obligaci\u00f3n legal de aceptar nuevas solicitudes en esta etapa del proceso.<\/p>\n\n\n\n El regulador record\u00f3 que la ley fija un m\u00e1ximo de 25.000 licencias y que, desde 2021, ya se han otorgado m\u00e1s de 23.000. Adem\u00e1s, explic\u00f3 que los operadores actualmente licenciados tienen plazo hasta enero de 2028 para completar el pago de sus permisos, por lo que hasta entonces no se podr\u00e1n considerar nuevas solicitudes.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa interpretaci\u00f3n de la ley que hacen estos demandantes es incorrecta. Actualmente, no existe un deber ministerial que obligue a la Comisi\u00f3n a aceptar nuevas solicitudes\u201d, indicaron desde el organismo.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n subrayaron que en litigios previos sobre este mismo tema han obtenido fallos favorables.<\/p>\n\n\n\n El conflicto se produce en un contexto de presi\u00f3n para regularizar el sector. Seg\u00fan los demandantes, la falta de licencias los expone a multas de miles de d\u00f3lares, as\u00ed como a la posible incautaci\u00f3n de equipos.<\/p>\n\n\n\n En paralelo, las autoridades reconocen la magnitud del mercado ilegal: en Puerto Rico habr\u00eda m\u00e1s de 80.000 m\u00e1quinas de azar operando fuera del marco normativo, de las cuales unas 4.000 ya fueron retiradas.<\/p>\n\r\n\t\tRiesgo de sanciones y mercado irregular<\/h2>\n\n\n\n
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