La acci\u00f3n fue interpuesta por la Corporaci\u00f3n de Desarrollo Sustentable BIOECOTERRA <\/strong>ante el Juzgado de Garant\u00eda de Talca y ya fue declarada admisible<\/strong>. Apunta contra la Sociedad de R\u00edos Claros S.A., titular de la iniciativa, as\u00ed como contra funcionarios del Estado y otros posibles responsables por eventuales irregularidades en la tramitaci\u00f3n del proyecto.<\/p>\n\n\n\n El nuevo proceso judicial se suma a una serie de cuestionamientos previos sobre la iniciativa. En enero, la Corte de Apelaciones de Talca rechaz\u00f3 una Orden de No Innovar<\/a> solicitada por la misma organizaci\u00f3n ambientalista, lo que permiti\u00f3 que las obras continuaran pese a los se\u00f1alamientos por eventuales riesgos sobre el Humedal Urbano Caj\u00f3n del R\u00edo Claro y el Estero Piduco.<\/p>\n\n\n\n El eje de la nueva denuncia radica en una supuesta elusi\u00f3n del Sistema de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental (SEIA). Seg\u00fan los querellantes, el proyecto habr\u00eda sido presentado como una modificaci\u00f3n de un recinto existente, la ex FITAL, para evitar una evaluaci\u00f3n m\u00e1s estricta, pese a que en la pr\u00e1ctica implicar\u00eda una intervenci\u00f3n de gran escala.<\/p>\n\n\n\n En ese sentido, se sostiene que la iniciativa contempla m\u00e1s de 7.600 metros cuadrados de edificaci\u00f3n y cerca de 45.000 m\u00b2 de intervenci\u00f3n total, con una capacidad potencial que superar\u00eda ampliamente la informada originalmente. Estos elementos, argumentan, habr\u00edan sido subestimados para sortear controles regulatorios.<\/p>\n\n\n\n Otro de los puntos centrales del caso es su emplazamiento en una zona ambientalmente sensible, cercana al Humedal Urbano Caj\u00f3n del R\u00edo Claro y Estero Piduco, reconocido oficialmente en 2024. De acuerdo con la querella, el terreno corresponde a un acu\u00edfero de alta vulnerabilidad, con napas subterr\u00e1neas superficiales que obligar\u00edan a aplicar est\u00e1ndares m\u00e1s exigentes.<\/p>\n\n\n\n La controversia se intensific\u00f3 tras la constataci\u00f3n de excavaciones m\u00e1s profundas que las declaradas. Mientras la empresa habr\u00eda informado trabajos de entre 1,4 y 1,6 metros, una certificaci\u00f3n notarial dio cuenta de intervenciones de hasta 3 metros<\/strong>, lo que podr\u00eda implicar una afectaci\u00f3n directa al sistema h\u00eddrico y al ecosistema del humedal.<\/p>\n\n\n\n A partir de estos antecedentes, los denunciantes acusan entrega de informaci\u00f3n incompleta o falsa, omisi\u00f3n de datos t\u00e9cnicos relevantes y un posible fraccionamiento del proyecto para evitar su evaluaci\u00f3n ambiental integral<\/strong>. Tambi\u00e9n se advierte que las autorizaciones administrativas podr\u00edan haber sido obtenidas bajo supuestos err\u00f3neos.<\/p>\n\n\n\n La querella, adem\u00e1s, pone el foco en el rol de distintos organismos p\u00fablicos, entre ellos el Servicio de Evaluaci\u00f3n Ambiental (SEA), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la Direcci\u00f3n de Obras Municipales (DOM) de Talca. Seg\u00fan el documento, estas entidades habr\u00edan omitido exigir una evaluaci\u00f3n completa o no habr\u00edan actuado frente a antecedentes que alertaban de riesgos.<\/p>\n\n\n\n El Ministerio P\u00fablico deber\u00e1 avanzar en la investigaci\u00f3n para determinar eventuales responsabilidades penales. Entre las diligencias solicitadas figuran la incautaci\u00f3n de documentos, peritajes t\u00e9cnicos y la toma de declaraciones a autoridades y ejecutivos involucrados en el desarrollo del proyecto. M\u00e1s a\u00fan, luego de que la empresa diera a conocer hace s\u00f3lo semanas que la obra lleva un 30 por ciento de avance<\/a>, los funcionarios judiciales deber\u00e1n acelerar su toma de decisiones.<\/p>\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/06\/Regulador-del-juego-de-Bolivia-denuncia-a-exfuncionarios-por-corrupcion-300x200.jpg\")
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