El fallo surge a partir de una demanda presentada por un consumidor residente en Austria<\/strong>, quien reclam\u00f3 ante los tribunales de su pa\u00eds la devoluci\u00f3n de EUR18.547,67 perdidos <\/strong>entre 2019 y 2020 en un casino online operado por la empresa maltesa Titanium Brace Marketing Limited. Si bien la compa\u00f1\u00eda contaba con licencia en Malta, no dispon\u00eda de la autorizaci\u00f3n exigida por la legislaci\u00f3n austr\u00edaca para ofrecer juegos de azar a residentes de ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n El jugador sostuvo que la actividad era ilegal en Austria<\/strong> y reclam\u00f3 la responsabilidad de los administradores de la empresa por operar sin licencia en su Estado de residencia. La defensa, por su parte, aleg\u00f3 que el caso deb\u00eda regirse por el Derecho malt\u00e9s y cuestion\u00f3 la competencia de los tribunales austr\u00edacos para intervenir en el conflicto.<\/p>\n\n\n\n El TJUE rechaz\u00f3 ese planteo y aclar\u00f3 que la prohibici\u00f3n de operar juegos de azar sin licencia no constituye una norma interna de funcionamiento empresarial<\/strong>, sino una obligaci\u00f3n general destinada a proteger el orden jur\u00eddico y a los consumidores de cada Estado. Por eso, el Tribunal record\u00f3 que, seg\u00fan el art\u00edculo 4, apartado 1, del Reglamento Roma II, la ley aplicable a una obligaci\u00f3n extracontractual es, en principio, la del pa\u00eds donde se produce el da\u00f1o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Bajo ese criterio, la corte europea concluy\u00f3 que el perjuicio econ\u00f3mico sufrido por el jugador en este caso implica la aplicaci\u00f3n de la ley austr\u00edaca<\/strong>. De este modo, habilit\u00f3 la posibilidad de que los administradores de la empresa sean demandados conforme a las reglas generales de responsabilidad extracontractual.<\/p>\n\n\n\n El TJUE tambi\u00e9n explic\u00f3 que factores como la ubicaci\u00f3n de los servidores, la sede social de la compa\u00f1\u00eda o el destino de las transferencias bancarias forman parte del hecho generador del da\u00f1o, pero no determinan el lugar donde este se produce de manera directa<\/strong>. Por ese motivo, la empresa maltesa deber\u00e1 someterse a la normativa austr\u00edaca en este caso.<\/p>\n\n\n\n Con esta sentencia, el Tribunal refuerza la seguridad jur\u00eddica dentro de la Uni\u00f3n Europea<\/strong>, al establecer que cualquier operador que dirija su oferta a consumidores de un Estado miembro debe asumir que su actividad quedar\u00e1 sujeta a la legislaci\u00f3n de ese pa\u00eds<\/strong> si no cuenta con la licencia correspondiente.<\/p>\n\n\nEl fallo<\/h2>\n\n\n\n
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