El fiscal general del Estado, Manuel Alonso Garc\u00eda<\/strong>, explic\u00f3 que si bien la persecuci\u00f3n penal de este tipo de actividades corresponde de manera directa a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)<\/strong>, el combate se realiza de forma coordinada entre los tres niveles de gobierno, con un fuerte componente preventivo y administrativo en el \u00e1mbito local.<\/p>\n\n\n\n \u201cEs una de las estrategias que el propio gobierno federal ha impulsado para erradicar este fen\u00f3meno en el \u00e1mbito local, desde dos vertientes: la administrativa, relacionada con los establecimientos donde est\u00e1 prohibido este giro comercial, y la penal, cuya investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n corresponden directamente a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica\u201d, sostuvo el funcionario.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con Alonso Garc\u00eda, la proliferaci\u00f3n de estas m\u00e1quinas se da principalmente en tiendas de abarrotes<\/strong>, donde operan de manera clandestina y sin ning\u00fan tipo de autorizaci\u00f3n federal, lo que las coloca fuera del marco de la Ley de Juegos y Sorteos<\/strong>. En este sentido, remarc\u00f3 que la gobernadora del estado, Mar\u00eda Teresa Jim\u00e9nez Esquivel, ha exhortado a todas las instancias a participar activamente para atender un fen\u00f3meno que genera impactos sociales y de seguridad.<\/p>\n\n\n\n En una primera instancia, detall\u00f3 el fiscal, la intervenci\u00f3n recae en los municipios, al tratarse de una competencia administrativa vinculada a la verificaci\u00f3n de permisos de funcionamiento. \u201cEl tema lo conocen bien los alcaldes. Existe un protocolo, por as\u00ed decirlo, donde el primer paso es la sanci\u00f3n administrativa y el segundo son los oficios o advertencias a los propietarios de los establecimientos, se\u00f1al\u00e1ndoles que est\u00e1n fuera de la legalidad\u201d, explic\u00f3. Seg\u00fan indic\u00f3, este enfoque preventivo otorga un plazo razonable para retirar los aparatos antes de avanzar hacia sanciones mayores<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n No obstante, las autoridades advirtieron que el problema excede lo meramente administrativo. Alonso Garc\u00eda alert\u00f3 que estas tragamonedas suelen estar vinculadas a contextos delictivos<\/strong>, como la venta de narc\u00f3ticos o pr\u00e1cticas de apuestas entre j\u00f3venes, lo que puede derivar en un aumento de robos, conflictos familiares y conductas asociadas al juego problem\u00e1tico. \u201cAl formar parte de un esquema ilegal, la posesi\u00f3n de estas m\u00e1quinas constituye un delito, salvo en los casos en que se cuente con un permiso federal vigente\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n\n\n\n En paralelo, la Agencia de Investigaci\u00f3n Criminal<\/strong> participa de manera activa en inspecciones semanales para detectar posibles delitos en flagrancia, mientras que los municipios contin\u00faan aplicando sanciones a los comercios que, pese a haber sido notificados, mantienen estos dispositivos en funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n Si bien el fiscal reiter\u00f3 que se trata de un tema de competencia federal, destac\u00f3 que el estado mantiene su respaldo operativo y preventivo con el objetivo de reducir los riesgos sociales y delictivos asociados al juego ilegal<\/strong>, un punto que tambi\u00e9n pone en contraste la necesidad de fortalecer los marcos regulatorios y los controles sobre la actividad de juego autorizada frente a la expansi\u00f3n de ofertas clandestinas.<\/p>\n\r\n\t\t![\"\"](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/10\/ncaa-267x200.jpeg\")
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