La norma, aprobada por unanimidad en la C\u00e1mara de Diputados, tiene como objetivo central promover una ciudadan\u00eda digital responsable, fomentando el uso consciente de las plataformas digitales y visibilizando los riesgos asociados al acceso temprano a casinos online y apuestas deportivas. <\/p>\n\n\n\n
Entre sus ejes principales<\/a> se destacan la difusi\u00f3n de materiales educativos, la elaboraci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas espec\u00edficas y la articulaci\u00f3n con organizaciones de la sociedad civil, instituciones deportivas y espacios culturales frecuentados por adolescentes y j\u00f3venes.<\/p>\n\n\n\n El programa tambi\u00e9n establece la creaci\u00f3n de una \u201cSemana Provincial de Prevenci\u00f3n de la Ludopat\u00eda Digital\u201d<\/strong>, que se desarrollar\u00e1 cada a\u00f1o durante la primera semana de diciembre, con actividades de concientizaci\u00f3n y campa\u00f1as informativas en todo el territorio provincial. La autoridad de aplicaci\u00f3n ser\u00e1 el Ministerio de Salud y Ambiente<\/strong>, que deber\u00e1 coordinar acciones interinstitucionales con \u00e1reas vinculadas a educaci\u00f3n, ni\u00f1ez, cultura y regulaci\u00f3n del juego.<\/p>\n\n\n\n Otro de los puntos relevantes de la ley es la incorporaci\u00f3n de un art\u00edculo que proh\u00edbe a la Loter\u00eda para Obras de Acci\u00f3n Social (LOAS)<\/a> de la provincia realizar acciones publicitarias o promocionales que vinculen el juego por apuestas con actividades sociales, deportivas o culturales impulsadas por el Estado, reforzando as\u00ed las restricciones sobre la promoci\u00f3n del juego entre p\u00fablicos vulnerables.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la normativa prev\u00e9 la implementaci\u00f3n de una l\u00ednea telef\u00f3nica gratuita de atenci\u00f3n y asesoramiento para adolescentes, j\u00f3venes y familias afectadas por la ludopat\u00eda digital, as\u00ed como la elaboraci\u00f3n de informes p\u00fablicos anuales que midan el impacto del programa. El Poder Ejecutivo provincial contar\u00e1 con un plazo de 90 d\u00edas<\/strong> desde la promulgaci\u00f3n para reglamentar la ley y poner en marcha las medidas previstas.
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