La solicitud surge despu\u00e9s de que un Tribunal Colegiado modificara la suspensi\u00f3n provisional otorgada por el magistrado, al se\u00f1alar que la ley no permite mantener en operaci\u00f3n plataformas de juego mientras est\u00e1n bajo indagatoria.<\/strong> Segob busca que Rebolledo no sea quien resuelva la suspensi\u00f3n definitiva prevista para el 15 de diciembre.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con medios mexicanos, durante el juicio Rebolledo aplic\u00f3 una suspensi\u00f3n provisional<\/strong> para dejar sin efecto, de manera temporal, la orden del gobierno de bloquear o deshabilitar los sitios Bet365 y Betano. Con esa decisi\u00f3n, permit\u00eda que la empresa siguiera operando los dominios<\/strong> y que \u00abno se obstaculice ni se restrinja el acceso del p\u00fablico suscriptor e inscrito a dichas plataformas digitales, en t\u00e9rminos al permiso DGJS\/DGAAD\/DCRCA\/P-01\/2018\u201d.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, luego la Segob present\u00f3 un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado<\/a> que lo declar\u00f3 parcialmente fundado y modific\u00f3 la suspensi\u00f3n<\/strong>. El Tribunal sostuvo que la legislaci\u00f3n vigente impide autorizar suspensiones que permitan continuar con actividades de apuestas, incluso cuando se desarrollen \u00fanicamente en l\u00ednea. La empresa, no obstante, podr\u00e1 conservar el control de sus dominios, aunque sin operar juegos ni sorteos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n En su fallo, el Tribunal remarc\u00f3: \u201cDebe negarse la medida suspensiva cuando la concesi\u00f3n pueda favorecer, ayudar, auxiliar o cooperar de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita o en conductas il\u00edcitas relacionadas, lo cual no est\u00e1 demostrado plenamente en el presente asunto\u201d.<\/p>\n\n\n\n En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum<\/strong> respald\u00f3 p\u00fablicamente la decisi\u00f3n de Segob y sostuvo que \u201cno hab\u00eda ninguna raz\u00f3n\u201d para permitir la reapertura de los casinos. Durante su conferencia, afirm\u00f3 que el asunto es estrictamente jur\u00eddico y no pol\u00edtico, y que forma parte de un conflicto m\u00e1s amplio relacionado con obligaciones fiscales del Grupo Salinas<\/strong>. Tambi\u00e9n subray\u00f3 que, ante cualquier presunci\u00f3n de lavado de dinero, el Estado est\u00e1 obligado a presentar denuncias penales y actuar de manera inmediata.<\/p>\n\n\n\n El conflicto comenz\u00f3 cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detect\u00f3 movimientos financieros irregulares<\/strong> en 13 casinos vinculados<\/a>. Seg\u00fan la Hacienda, hab\u00eda altos vol\u00famenes de efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, lo que encendi\u00f3 alertas de posible lavado de dinero<\/strong>. Como consecuencia, en noviembre el Gobierno bloque\u00f3 cuentas, dominios y operaciones de estos establecimientos y clausur\u00f3 los locales.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, varios de estos casinos registraron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia pa\u00edses como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panam\u00e1, adem\u00e1s de operar a trav\u00e9s de plataformas digitales. Adem\u00e1s, utilizaban a personas cuyos perfiles econ\u00f3micos no correspond\u00edan con los montos manejados y, a cambio de una comisi\u00f3n, estos intermediarios transfer\u00edan la totalidad de los fondos a los beneficiarios reales<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n A pesar de la ofensiva legal, Rebolledo defendi\u00f3 su criterio y asegur\u00f3 que no existen pruebas de lavado de dinero<\/strong>. Por ahora, otro \u00f3rgano judicial deber\u00e1 determinar si el juez contin\u00faa o no al frente del caso.<\/p>\n\n\nEl juicio<\/h2>\n\n\n\n
Antecedentes<\/h2>\n\n\n\n
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