En ese sentido, desde Cornazar aseguraron que el juego legal transfiri\u00f3 COP 926.000m (US$232m)<\/strong> a la salud p\u00fablica en Colombia al cierre del julio del 2025. Bas\u00e1ndose en datos de Coljuegos<\/a>, detallaron que del total, COP883.992m (US$220m)<\/strong>, se transfirieron entre enero y junio, seg\u00fan cifras reportadas por Coljuegos. <\/p>\n\n\n\n Las cifras oficiales de los primeros seis meses del a\u00f1o demuestran que COP 566.563m (US$145.8m)<\/strong> provinieron de los juegos nacionales, especialmente casinos, bingos y plataformas de apuestas por internet, reflejando un incremento del 26,9 por ciento respecto al mismo periodo del 2024.<\/p>\n\n\n\n Para Cornazar, los datos son una muestra del impacto del juego legal como garante del sector econ\u00f3mico y bienestar social. Elizabeth Maya Cano<\/strong>, presidenta ejecutiva de la agremiaci\u00f3n, declar\u00f3: \u201cLa industria del juego legal no solo representa entretenimiento, sino tambi\u00e9n progreso, formalidad y aporte social. Cada peso transferido se traduce en salud para los colombianos. Desde Cornazar reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad y la transparencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, la funcionaria remarc\u00f3 que estos resultados se logran gracias a una industria regulada que cumple las normativas: \u201cDetr\u00e1s de estos resultados se encuentran concesionarios regulados, operadores de salas de juego, plataformas digitales, proveedores y aliados que, adem\u00e1s de cumplir con estrictas normas de control, sostienen miles de empleos directos y refuerzan la confianza institucional\u201d, explic\u00f3 Maya Cano.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, desde la Cornazar hicieron referencia a la \u201cinestabilidad tributaria\u201d<\/a>, en relaci\u00f3n a los nuevos impuestos al juego online y la posible reforma<\/a>, que ponen en riesgo<\/a> la continuidad de las empresas con licencias y los recursos que generan para la salud p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n \u201cCornazar insiste en la necesidad de un trabajo articulado entre el Estado, los entes reguladores y los empresarios. La ilegalidad pone en riesgo vidas, empleos y recursos que deber\u00edan destinarse a la salud de los colombianos\u201d, concluy\u00f3 Maya Cano.<\/p>\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/10\/apuestas-senado-brasil-300x200.jpg\")
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