El juicio inicial<\/h2>\n\n\n\n
El conflicto judicial tiene origen en irregularidades detectadas durante la gesti\u00f3n 2014 del IPJyC, cuando el organismo estaba bajo la conducci\u00f3n de los tres funcionarios en cuesti\u00f3n, que fueron asignados durante el gobierno provincial de Francisco \u201cPaco\u201d P\u00e9rez<\/strong>. El Tribunal de Cuentas de Mendoza, \u00f3rgano encargado de controlar el uso de fondos p\u00fablicos, realiz\u00f3 auditor\u00edas sobre los contratos firmados por el IPJyC y detect\u00f3 presuntas anomal\u00edas en los pagos efectuados a la empresa Masterfull<\/strong>, encargada de los servicios de limpieza del Casino provincial.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el informe del \u00f3rgano de control, se abonaron montos por servicios que no se habr\u00edan cumplido efectivamente<\/strong>, incluyendo \u00abhoras hombre\u00bb no trabajadas o que exced\u00edan la capacidad real del personal asignado, y pagos adicionales por el uso de tecnolog\u00eda y equipamiento<\/strong> que, seg\u00fan los auditores, la empresa no hab\u00eda aportado.<\/p>\n\n\n\n En consecuencia, mediante el Fallo N\u00b0 16.776<\/strong>, dictado en mayo de 2017<\/strong>, el Tribunal impuso un cargo solidario de AR$2.913.292,67<\/strong> a los tres funcionarios. Este fijaba adem\u00e1s un l\u00edmite m\u00e1ximo de responsabilidad individual:<\/p>\n\n\n\n Los tres ex funcionarios interpusieron una acci\u00f3n procesal administrativa<\/strong> solicitando la nulidad de la sanci\u00f3n. Argumentaron que el servicio de limpieza se hab\u00eda prestado efectivamente, que el Tribunal de Cuentas no prob\u00f3 la existencia de un perjuicio real y que, adem\u00e1s, durante el per\u00edodo auditado no exist\u00eda un contrato vigente<\/strong> que fijara pautas de control ni condiciones espec\u00edficas para la prestaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n El caso fue analizado por la Sala Segunda de la Suprema Corte<\/strong>, integrada por los jueces Omar Palermo, Jos\u00e9 Valerio y Mario Adaro<\/strong>. Luego de revisar los antecedentes y las pruebas, los magistrados coincidieron en que el servicio se hab\u00eda brindado y que esa circunstancia no hab\u00eda sido discutida<\/strong> en el expediente. Adem\u00e1s, remarcaron que el Tribunal de Cuentas no pod\u00eda exigir el cumplimiento de condiciones que no estaban reguladas contractualmente. <\/p>\n\n\n\n En consecuencia, la Suprema Corte admiti\u00f3 la demanda<\/strong> de Bianchinelli, Dom\u00ednguez y Bondino, y anul\u00f3 el fallo sancionatorio del Tribunal de Cuentas, dejando sin efecto el cargo solidario. El tribunal provincial consider\u00f3 que no hubo prueba suficiente de da\u00f1o econ\u00f3mico al Estado ni fundamentos jur\u00eddicos v\u00e1lidos para la sanci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La anulaci\u00f3n del fallo<\/h2>\n\n\n\n
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