El proyecto, identificado como Ley A5971<\/strong>, fue presentado hace unos meses y contempla sanciones econ\u00f3micas de entre US$500 y US$1.000 por cada infracci\u00f3n a las casas de apuestas que ofrezcan este tipo de servicios. La medida llega en un contexto en el que las microapuestas se impulsaron por el uso de inteligencia artificial y la inmediatez de las plataformas digitales para expandirse en el mercado.<\/p>\n\n\n\n Hutchison, abogado especializado en bancarrotas, explic\u00f3 que la iniciativa surge de su experiencia profesional con personas afectadas por el juego compulsivo<\/strong>. Relat\u00f3 el caso de un cliente que, pese a prometer dejar de apostar, continu\u00f3 realizando m\u00faltiples jugadas en la plataforma FanDuel, lo que termin\u00f3 por comprometer el pago de su hipoteca y poner en riesgo su vivienda. El legislador calific\u00f3 las microapuestas como una forma de \u201cjuego excesivo e impulsivo\u201d que estimula comportamientos adictivos mediados por la dopamina<\/strong>, y sostuvo que su propuesta busca proteger a los ciudadanos frente a esos riesgos.<\/p>\n\n\n\n El doctor Harry Levant<\/strong>, responsable de pol\u00edticas de juego en el Public Health Advocacy Institute, advirti\u00f3 que las microapuestas representan un riesgo para la salud p\u00fablica, al fomentar decisiones impulsivas<\/strong> y un consumo acelerado dif\u00edcil de controlar. En cambio, el empresario Steve Maltepes<\/strong>, con a\u00f1os de experiencia en el negocio de las apuestas deportivas, alert\u00f3 que una prohibici\u00f3n podr\u00eda tener el efecto contrario<\/strong>: empujar a los jugadores hacia sitios ilegales en el extranjero, reduciendo la recaudaci\u00f3n estatal y afectando programas p\u00fablicos financiados con esos recursos.<\/p>\n\n\nOpiniones del sector<\/h2>\n\n\n\n
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