El hecho fue reconocido en audiencia por el ex fiscal y actual abogado del gremio, Carlos Gajardo<\/strong>, quien explic\u00f3 que la magnitud del decomiso y los costos de conservaci\u00f3n llevaron a que la ACCJ asumiera el pago inicial de bodegas utilizadas para el resguardo. Seg\u00fan documentos oficiales, la Fiscal\u00eda Regional del Biob\u00edo autoriz\u00f3 que la custodia fuese proporcionada por la parte querellante, aunque a t\u00edtulo gratuito<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Para los abogados defensores, esta situaci\u00f3n pone en riesgo la validez de la prueba<\/strong>. El abogado de uno de los imputados, Giovanni Gotelli<\/strong>, advirti\u00f3 que la Fiscal\u00eda \u201cperdi\u00f3 el control absoluto de las especies\u201d al no tener informaci\u00f3n sobre los contratos de arriendo ni de transporte. Otros representantes, como Marcelo Villena y C\u00e9sar Irribarra, plantearon que esta decisi\u00f3n podr\u00eda traducirse en una violaci\u00f3n de la cadena de custodia<\/strong>, presentando denuncias incluso ante el fiscal nacional.<\/p>\n\n\n\n Desde el Ministerio P\u00fablico<\/strong>, la fiscal del caso, Pamela Lillo<\/strong>, defendi\u00f3 la medida, se\u00f1alando que se adopt\u00f3 ante la falta de bodegas institucionales pero aclar\u00f3 que \u201cen ning\u00fan minuto la Fiscal\u00eda perdi\u00f3 la custodia\u201d, dado que el acceso a los recintos est\u00e1 bajo control exclusivo del ente persecutor y de la Polic\u00eda de Investigaciones (PDI)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El debate de fondo sigue abierto: mientras la Fiscal\u00eda insiste en que se trata de m\u00e1quinas de azar operadas sin autorizaci\u00f3n<\/strong>, las defensas sostienen que corresponden a juegos de destreza<\/strong>. A ello se suman los cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso, dado que una de las partes con intereses directos en la causa colabora con la custodia de la evidencia.<\/p>\n\n\n\n Los abogados advierten que estas irregularidades podr\u00edan derivar en la nulidad de diligencias clave<\/strong> y afectar la continuidad del juicio. Tambi\u00e9n denuncian retrasos en peritajes solicitados hace meses y consideran que la extensi\u00f3n de medidas cautelares severas<\/strong> contra los imputados configura una suerte de pena anticipada<\/strong>.<\/p>\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/09\/545922201_1078259351091204_5224014781145008988_n-300x178.jpg\")
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