Diez a\u00f1os despu\u00e9s, la Corte determin\u00f3 que no se hab\u00eda logrado evidenciar que estas irregularidades hubieran ocasionado un perjuicio concreto a las finanzas estatales. Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que, en ausencia de un contrato formal o de pliegos de condiciones que sirvieran como par\u00e1metro para evaluar el servicio prestado, la sanci\u00f3n resultaba desproporcionada<\/strong> y carente de sustento legal.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n se origin\u00f3 debido la contrataci\u00f3n directa de servicios de limpieza<\/strong>, llevada a cabo sin un proceso de licitaci\u00f3n vigente entre diciembre de 2014 y marzo de 2015. Durante ese per\u00edodo, la empresa Masterful<\/strong> factur\u00f3 los servicios en concepto de \u00abhoras hombre\u00bb y \u00abhoras m\u00e1quina\u00bb, aunque el Tribunal de Cuentas determin\u00f3 que gran parte de la documentaci\u00f3n respaldatoria carec\u00eda de la debida justificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En 2018 se dict\u00f3 un fallo que asign\u00f3 responsabilidades personales a Carlos Bianchinelli y Federico Dom\u00ednguez, oblig\u00e1ndolos a responder con AR$2.250.934<\/strong> (USD1.936) utilizando sus propios fondos. Frente a esta decisi\u00f3n, ambos exfuncionarios presentaron una acci\u00f3n procesal administrativa impugnando los cargos, argumentando que el servicio de limpieza se prest\u00f3 de manera efectiva, que los controles internos del IPJyC, incluyendo el visado de facturas y la verificaci\u00f3n de constancias de aportes y remuneraciones, se realizaron seg\u00fan lo estipulado, y que la sanci\u00f3n se fundament\u00f3 en supuestos que obviaron pruebas documentales esenciales<\/strong>, imposibilitando demostrar de forma fehaciente el presunto da\u00f1o fiscal.<\/p>\n\n\n\n En su evaluaci\u00f3n del caso, los magistrados de la Sala Primera determinaron que, aunque el HTC identific\u00f3 irregularidades administrativas, no se present\u00f3 evidencia concluyente de un perjuicio econ\u00f3mico para la provincia.<\/p>\n\n\n\n Los jueces Julio G\u00f3mez, Mar\u00eda Teresa Day y Norma Llatser<\/strong><\/strong> coincidieron en que la ausencia de un contrato no constituye, por s\u00ed sola, un motivo suficiente para imponer una condena patrimonial. \u201cEl servicio de limpieza correspondiente al per\u00edodo cuestionado fue efectivamente prestado\u201d, se\u00f1alaron en su fallo. Y sin una afectaci\u00f3n fiscal comprobada, no es posible aplicar una sanci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, consideraron que los pagos objetados por horas extra y aumentos salariales en los meses posteriores, bajo una nueva licitaci\u00f3n, se vincularon a gestiones donde los exfuncionarios sancionados no tuvieron participaci\u00f3n directa<\/strong>. Por ello, fueron eximidos de esas imputaciones. Bajo estos fundamentos, la Corte resolvi\u00f3 anular los art\u00edculos I y II del fallo N\u00b0 17.037.<\/p>\n\n\nEl juicio inicial<\/h2>\n\n\n\n
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