Las empresas, entre las que se encuentran Bingos del Oeste SA, Bingos Platenses SA e Interjuegos SA, pidieron que se declarara inconstitucional la norma que cre\u00f3 este impuesto. Argumentaron que no pod\u00edan trasladar el costo del tributo a los jugadores, lo que lo convert\u00eda en una carga directa para ellas. Seg\u00fan las compa\u00f1\u00edas, esto hac\u00eda que el impuesto fuera injusto, ya que las obligaba a pagarlo sin poder repercutirlo en el precio de las apuestas.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el fiscal Fabi\u00e1n Canda<\/strong>, de la Fiscal\u00eda en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N\u00b08, consider\u00f3 que el pedido de las empresas no ten\u00eda fundamento. En su dictamen, explic\u00f3 que el Congreso tiene amplias facultades para crear impuestos y que este tributo cumple con las normas constitucionales<\/strong>. Adem\u00e1s, aclar\u00f3 que el impuesto grava la acci\u00f3n de apostar y que las empresas que operan las m\u00e1quinas son las responsables de pagarlo, aunque no puedan trasladarlo a los jugadores.<\/p>\n\n\n\n Canda tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el hecho de que un impuesto sea dif\u00edcil de trasladar al consumidor no lo convierte autom\u00e1ticamente en un impuesto \u201cdirecto\u201d o inv\u00e1lido. Seg\u00fan el fiscal, este tipo de tributo, que se calcula sobre el valor de cada apuesta con una al\u00edcuota del 0,95 por ciento, es un \u201cimpuesto indirecto\u201d y est\u00e1 dentro de las competencias del Estado nacional. Por lo tanto, no viola ninguna regla constitucional<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El fallo tambi\u00e9n desestim\u00f3 el pedido de las empresas para que la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero<\/strong> (ARCA) devolviera el dinero pagado por este impuesto. El fiscal argument\u00f3 que no se demostraron violaciones a principios como la igualdad o la capacidad contributiva, que garantizan que los impuestos sean justos y razonables.<\/p>\n\n\n\n De esta manera, la justicia ratific\u00f3 que el impuesto a las apuestas es legal y que las empresas deben seguir pag\u00e1ndolo. Este fallo refuerza la autoridad del Congreso para establecer tributos y aclara que no corresponde al Poder Judicial cuestionar la conveniencia econ\u00f3mica de estas medidas, siempre que respeten la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\r\n\t\t![](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/04\/Lucimerio-Barros-Campos-300x186.webp\")
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