La medida no es nueva, pero su reiteraci\u00f3n responde a la necesidad de garantizar que quienes manejan recursos fiscales act\u00faen con absoluta transparencia y responsabilidad. Seg\u00fan la legislaci\u00f3n, la infracci\u00f3n a esta prohibici\u00f3n acarrea multas que van de tres a quince unidades tributarias mensuales, adem\u00e1s de posibles consecuencias laborales graves, como la terminaci\u00f3n del contrato o la destituci\u00f3n del cargo. Este recordatorio llega en un contexto donde la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/strong> (CGR) tambi\u00e9n ha puesto el foco en esta norma, tras el caso de la exalcaldesa de Nogales, Margarita Osorio<\/a>.<\/p>\n\n\n\n El caso de Osorio, quien ejerci\u00f3 como alcaldesa entre 2016 y 2024, marc\u00f3 un precedente reciente. La exautoridad fue sancionada por la SCJ por apostar en casinos, infringiendo las Bases Generales para Autorizaci\u00f3n, Funcionamiento y Fiscalizaci\u00f3n de Casinos de Juego. En su defensa, Osorio argument\u00f3 que su labor se limitaba a administrar fondos municipales, no a custodiarlos. Sin embargo, la CGR desestim\u00f3 este planteo en su pronunciamiento del 24 de febrero de 2025 (documento N\u00b0 E30528), aclarando que administrar implica una responsabilidad directa sobre los recursos, lo que incluye su custodia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La Contralor\u00eda, en su an\u00e1lisis, subray\u00f3 que el objetivo de la prohibici\u00f3n es evitar cualquier riesgo que comprometa el patrimonio p\u00fablico. \u201cAdministrar incluye ordenar, disponer y organizar, especialmente la hacienda o los bienes\u201d, se\u00f1al\u00f3 el organismo, reafirmando que quienes desempe\u00f1an estas funciones deben abstenerse de actividades como el juego en casinos. Este criterio no solo aplica a Osorio, sino que se extiende a todos los empleados p\u00fablicos que manejen bienes o fondos estatales, seg\u00fan lo establecido previamente en el dictamen N\u00b0 E33653 de 2020.<\/p>\n\n\n\n El caso de la exalcaldesa de Nogales trasciende esta infracci\u00f3n, ya que Osorio enfrenta adem\u00e1s acusaciones por estafa reiterada entre 2015 y 2019, formalizadas por la Fiscal\u00eda de Valpara\u00edso en 2022. Este historial ha intensificado el escrutinio sobre la conducta de los funcionarios p\u00fablicos, llevando a las autoridades a endurecer su postura. La SCJ y la CGR coinciden en que no hay margen para interpretaciones flexibles<\/strong> cuando se trata de proteger los recursos que pertenecen a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Con este nuevo oficio, la Superintendencia busca enviar un mensaje claro: el cumplimiento de la Ley de Casinos es innegociable. Las sanciones, tanto econ\u00f3micas como laborales, est\u00e1n dise\u00f1adas para disuadir cualquier comportamiento que ponga en jaque la integridad de los fondos p\u00fablicos. En un momento donde la confianza en las instituciones es clave, esta advertencia reafirma el compromiso de las autoridades con la transparencia y la correcta gesti\u00f3n del erario nacional.<\/p>\n\r\n\t\t![](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/11\/espana-prepara-otro-decreto-para-el-juego-300x200.jpg\")
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