La derogaci\u00f3n, anunciada por Homero Figueroa<\/strong>, director de Estrategia y Comunicaci\u00f3n de la Presidencia, deja sin efecto la aplicaci\u00f3n del ITBIS a plataformas populares como Netflix, Spotify y Amazon, as\u00ed como a otros servicios digitales, incluidos aquellos que ofrecen juegos de azar online<\/strong>. El decreto original, que gener\u00f3 diversas reacciones en el pa\u00eds, se hab\u00eda propuesto como una forma de gravar una amplia gama de servicios digitales como pel\u00edculas, m\u00fasica, apuestas, juegos en l\u00ednea y m\u00e1s, aunque su alcance tambi\u00e9n fue motivo de gran debate.<\/p>\n\n\n\n Entre las caracter\u00edsticas m\u00e1s controvertidas del decreto estaba su inclusi\u00f3n de los juegos de azar<\/strong> en la lista de servicios sujetos al ITBIS. De acuerdo con el reglamento, cualquier plataforma de apuestas o juegos de azar online estar\u00eda obligada a aplicar el impuesto sobre sus transacciones, lo que despert\u00f3 preocupaciones entre los sectores del entretenimiento digital y las autoridades del sector econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n El Colegio de Abogados de la Rep\u00fablica Dominicana<\/strong> (CARD), encabezado por su presidente, Trajano Vidal Potentini<\/strong>, expres\u00f3 un fuerte rechazo a la medida original, afirmando que solo el Congreso Nacional tiene la facultad para establecer impuestos, y no el Poder Ejecutivo mediante decreto. Potentini subray\u00f3 que la imposici\u00f3n de impuestos a las plataformas digitales extranjeras sin una ley aprobada por el Congreso podr\u00eda haber sido ilegal e inconstitucional. A su juicio, la medida no solo representaba un peligro para la seguridad jur\u00eddica del pa\u00eds, sino que podr\u00eda haber ocasionado conflictos internacionales, particularmente con Estados Unidos, cuyo gobierno ya hab\u00eda expresado su oposici\u00f3n a pol\u00edticas similares en otras naciones.<\/p>\n\n\n\n \u201cEste tipo de pol\u00edticas y desaciertos jur\u00eddicos habr\u00edan generado no solo una perturbaci\u00f3n en el marco legal e institucional, sino tambi\u00e9n un posible conflicto con los Estados Unidos, protegiendo de esta forma tanto a los consumidores como al ecosistema digital dominicano\u00bb, afirm\u00f3 Potentini.<\/p>\n\n\n\n Con la derogaci\u00f3n del Decreto N\u00b030-25, el presidente Luis Abinader busca evitar la creaci\u00f3n de nuevas cargas fiscales sin el debido proceso legislativo<\/strong>, y frenar cualquier impacto negativo sobre la econom\u00eda digital del pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n A pesar de la derogaci\u00f3n, expertos coinciden en que es necesario establecer un marco normativo claro y adecuado para los servicios digitales, de forma que se garantice tanto la seguridad jur\u00eddica como el desarrollo del sector econ\u00f3mico digital, siempre respetando los acuerdos internacionales sobre comercio.<\/p>\n\n\n\n En este contexto, tanto el sector legal como los actores internacionales han insistido en que cualquier tipo de reforma tributaria en el \u00e1mbito digital debe ser realizada con un enfoque integral y con la debida participaci\u00f3n del Congreso, como lo manda la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\r\n\t\t![](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/04\/shutterstock_659380306s-300x200.jpg\")
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