Seg\u00fan un informe del medio Veja, los ministerios reconocen que las acciones tomadas hasta ahora no son suficientes para cumplir con la determinaci\u00f3n del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Tribunal de Cuentas de la Uni\u00f3n (TCU), que ordena la prohibici\u00f3n de que las personas inscritas en el principal programa de asistencia social del gobierno apuesten en sitios de apuestas<\/strong>. Sin embargo, afirman que estas iniciativas demuestran el esfuerzo del Ejecutivo en encontrar soluciones para cumplir con la prohibici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El ministro del TCU, Jhonatan de Jesus<\/strong>, exigi\u00f3 explicaciones del gobierno sobre c\u00f3mo evitar que los recursos del programa asistencial sean utilizados en apuestas<\/a>, ya que esto perjudica las pol\u00edticas p\u00fablicas y desv\u00eda fondos hacia la vulnerabilidad social.<\/p>\n\n\n\n La Abogac\u00eda General de la Uni\u00f3n (AGU) apel\u00f3 al STF y al TCU contra la prohibici\u00f3n de que los inscritos en programas sociales realicen apuestas, argumentando que la responsabilidad de registrar y actualizar a los beneficiarios es de los municipios, no del Ejecutivo federal, y que tambi\u00e9n deben ser involucrados en la b\u00fasqueda de soluciones.<\/p>\n\n\n\n El conflicto sobre el uso de recursos de programas sociales en apuestas online aument\u00f3 despu\u00e9s de que el Banco Central revelara que, en agosto del a\u00f1o pasado, los beneficiarios del Bolsa Fam\u00edlia gastaron R$ 3.000m (USD 525) en apuestas a trav\u00e9s de Pix<\/strong>, siendo el 70 por ciento de los apostadores jefes de familia. A pesar de esto, el informe del Banco Central r\u00e1pidamente qued\u00f3 en el ojo de la tormenta ya que el m\u00e9todo utilizado para la medici\u00f3n no fue el id\u00f3neo<\/a> y las cifras obtenidas no tienen considerable respaldo.<\/p>\n\r\n\t\t![](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2024\/03\/MInisterio-da-Fazenda-foto-Marcelo-Camargo-Agencia-Brasil.jpg\")
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