El Consell Jur\u00eddic Consultiu realiz\u00f3 cinco observaciones al proyecto.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Espa\u00f1a.- La elaboraci\u00f3n de la Ley del Juego en la Comunitat Valencian<\/strong>a se volvi\u00f3 un proceso engorroso y lento que no estuvo excento de tensiones y desaf\u00edos legales<\/a>, incluyendo recursos judiciales y una revisi\u00f3n<\/a>, que a\u00fan contin\u00faa pendiente, por parte de la Uni\u00f3n Europea. Ahora se suma un nuevo cap\u00edtulo a esta saga: el reglamento que sanciona la ley se encuentra en el ojo de la tormenta ya que ha recibido cinco observaciones esenciales por parte del Consell Jur\u00eddic Consultiu<\/strong> (CJC).<\/p>\n\n\n\n El \u00f3rgano consultivo ha emitido las observaciones esenciales en su dictamen del Proyecto de Decreto del Consell sobre el r\u00e9gimen sancionador y actuaciones inspectoras en materia de juego. La principal queja que pone el Jur\u00eddic al texto es que este reglamento haya a\u00f1adido sanciones y graduaciones extra a las que se contemplaban en la ley que el Bot\u00e0nic, el pacto de gobierno valenciano de 2015, aprob\u00f3 en mayo de 2020. Entre estas se ha incorporado, para valorar el nivel de sanci\u00f3n, las ganancias o p\u00e9rdidas obtenidas ante la posible vulneraci\u00f3n de la ley o las consecuencias que haya tenido en la sociedad.<\/p>\n\n\n\n Este proyecto de decreto es un reglamento que desarrolla la ley que el Bot\u00e0nic aprob\u00f3 en mayo de 2020 y no una ley en s\u00ed. Es por ello que no puede incorporar nada extra a esta norma sino que simplemente entra en algunos detalles sobre c\u00f3mo desplegar estas sanciones o c\u00f3mo llevar a cabo su inspecci\u00f3n. Al igual que la ley marco, el reglamento est\u00e1 elaborado por el anterior gobierno, sin embargo, este no ha sido aprobado.<\/p>\n\n\n\n De momento, el reglamento que desarrolla el r\u00e9gimen sancionador de la ley se encuentra en el Jur\u00eddic desde el 8 de junio cuando la Conselleria de Hacienda lo registr\u00f3. Ahora, cuatro meses despu\u00e9s, el dictamen se\u00f1ala las observaciones esenciales que deben ser corregidas.<\/p>\n\n\n\n El principal punto de discordia es el que recuerda que este reglamento \u00abdebe respetar los l\u00edmites de las sanciones a imponer<\/strong>\u00bb as\u00ed como las \u00abreglas esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora\u00bb, esto es, que no puede ampliar lo que ya indican la ley auton\u00f3mica del juego ni el marco estatal. Tambi\u00e9n avisa que haypuntos donde no se cita de forma literal la ley a la que se refiere lo que provoca \u00abuna reinterpretaci\u00f3n\u00bb, infrigiendo esta jerarqu\u00eda normativa.<\/p>\n\n\n\n Esta menci\u00f3n general a\u00f1ade otros reparos. Entre ellos, critica la menci\u00f3n que el reglamento realiza a la conservaci\u00f3n de los datos personales sobre el que indica que ser\u00e1 \u00abel tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se recogen\u00bb<\/strong>. \u00abEl r\u00e9gimen jur\u00eddico sobre el tratamiento de datos ya se halla establecido por la legislaci\u00f3n estatal y la auton\u00f3mica a la cual habr\u00e1 que someterse\u00bb, replica el Jur\u00eddic. <\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n critica la manera de comunicaci\u00f3n de las sanciones. En primer lugar, el reglamento reclama \u00abpracticarla de forma personal en cualquier domicilio que lo permita\u00bb, sin embargo, el Jur\u00eddic alega que esta menci\u00f3n es \u00abcontradictoria\u00bb con la ley b\u00e1sica estatal. En esta se indica: \u00abLas personas f\u00edsicas podr\u00e1n elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones P\u00fablicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos o no\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, el CJC duda sobre la lengua utilizada para las actas. En el reglamento, indica que la confecci\u00f3n de esta ser\u00e1 en la lengua oficial acordada, aunque si no fuera posible el pacto, \u00abse formalizar\u00e1 en la que disponga quien practique la inspecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n\n\n\n \u00abEl precepto debe suprimirse por innecesario ya que el uso de las lenguas oficiales ya se halla regulado por la Llei d\u2019\u00das i ensenyament del valenci\u00e0\u00bb, replica el Jur\u00eddic al tiempo que a\u00f1ade que con la redacci\u00f3n propuesta \u00abpodr\u00eda llegar a vulnerarse los derechos del interesado a ser tratado en la lengua que elija\u00bb.<\/p>\n\n\n\n La ley se vot\u00f3 durante la pandemia de Covid-19, con quejas y recurso por la forma en la que se tramit\u00f3 en las Corts, aunque los tribunales la rechazaron. Recientemente, el TSJ de la Comunitat Valenciana ha remitido al Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea la norma por la distancia m\u00ednima de 500 metro<\/strong>s entre salones de juego y de 850 metros entre estos y los centros educativos.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de repasar el recurso de la patronal de Salones de Juego y Recreativos de la Comunitat Valenciana (Anesar-CV), el tribunal cuestion\u00f3 las restricciones de distancia de los locales no solo por considerarlas desproporcionadas, sino tambi\u00e9n por apreciar una posible \u00abdiscriminaci\u00f3n\u00bb<\/strong> al contemplarse solo para los salones de juego de titularidad privada \u00abpero no para los establecimientos p\u00fablicos (loter\u00edas del Estado, quinielas y apuestas deportivas u ONCE), que tambi\u00e9n se libran de las limitaciones en materia de publicidad y controles de acceso a los que est\u00e1n sometidos los primeros\u00bb.<\/p>\n\n\n\n