Venezuela renueva la cúpula del juego y el hipismo en medio de denuncias por presunta extorsión millonaria
El gobierno designó nuevas autoridades en los organismos que regulan apuestas y carreras hípicas tras la salida de “Potro” Álvarez, en un contexto marcado por investigaciones sobre pagos ilegales y detenciones en el sector.
Venezuela.- El gobierno de Venezuela avanzó con una reestructuración clave en el sector del juego y el hipismo al nombrar nuevas autoridades en los principales organismos reguladores, en medio de un escándalo que sacude a la industria por presuntas prácticas de extorsión y control irregular del negocio.
A través de un decreto firmado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se oficializó la designación de Julio León Heredia como nuevo presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), en reemplazo de Antonio “Potro” Álvarez, quien estuvo al frente del organismo durante varios años. En paralelo, Edgar Alejandro Melo Rodríguez asumió la conducción de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, mientras que Juan Carlos Amarante León fue nombrado como Superintendente Nacional de Actividades Hípicas.
Los cambios configuran una renovación completa de la cúpula regulatoria del sector, que en las últimas semanas quedó bajo fuerte escrutinio público tras la difusión de denuncias que involucran a operadores de loterías, funcionarios y presuntas redes de recaudación paralela.
La salida de Álvarez se produce luego de que una investigación periodística reuniera testimonios y documentación sobre un supuesto esquema de cobros ilegales a empresas del rubro. Según esos reportes, representantes de al menos diez compañías habrían sido obligados a pagar sumas millonarias, que en algunos casos alcanzaban los US$2,5m, para poder continuar operando en el país.
Las denuncias también apuntan a la existencia de pagos mensuales crecientes y a la utilización de intermediarios para canalizar los fondos, en un sistema que, de acuerdo con las fuentes citadas, habría involucrado mecanismos de presión que incluían amenazas de sanciones judiciales.
En ese contexto, el caso no solo impactó a nivel empresarial sino también institucional. Se reportaron detenciones de empresarios, desarrolladores y personas vinculadas a plataformas de apuestas, algunas de ellas acusadas de delitos graves. Además, las investigaciones sugieren la posible participación de actores dentro de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial, lo que amplificó la dimensión del escándalo.
Otro foco de controversia ha sido el rol de empresas privadas en la operación del negocio hípico y de apuestas. Reportes recientes señalan que ciertas compañías habrían concentrado funciones clave, como la distribución de licencias y la transmisión de señales internacionales, generando ingresos paralelos por fuera de los controles oficiales.
Frente a este escenario, la designación de nuevas autoridades parece apuntar a retomar el control institucional y reordenar el sector.
