Trabajadores autónomos españoles piden mayor regulación en las ventas de lotería online
El reclamo de presidente de l aasociación de administraciones de lotería Defensa Digital (Dedit), pone de manifiesto una aparente desigualdad creciente entre grandes firmas y empresas pequeñas.
España.- Durante una jornada organizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), el presidente de la Asociación de Administraciones de Lotería Defensa Digital (Dedit), Jon Urkiola, lanzó un reclamo al gobierno español para que endurezca las regulaciones de la venta online de lotería y asegure la actividad de plataformas y webs ya existentes.
Esta iniciativa comienza a partir de ciertos vacíos legales detectados en la actual legislación alrededor de estas cuestiones, que afecta a las administraciones de pueblos y sectores más aislados de la ciudad y con negocios mas modestos. Este “panorama de inseguridad jurídica” compromete la sostenibilidad del sector.
El representante de Dedit remarcó que muchas plataformas de venta digital llevan operando desde antes de la Ley del Juego de 2011, sin que hasta ahora se haya proporcionado un marco legal claro que garantice su continuidad ni regule su funcionamiento. Por ello, se pidió una nromativa que reconozca esta realidad y la concesión de autorizaciones a las webs y plataformas ya activas.
Urkiola ha sido especialmente crítico con la gestión de la Lotería de Apuestas del Estado (SELAE), criticando su falta de accionar: “No parece capaz de ofrecer soluciones que nos den confianza ni tampoco un modelo que dé seguridad a quien puede ofrecer tecnología con la que poder competir”.
Refiriendose a los negocios más pequeños y de dirección autónoma, que se vieron afectados por la crecida de la industria del igaming y la llegada de firmas internacionales, el representante de la asociación aseguró que los administradores “no quieren que les impongan canales digitales, sino que quieren poder competir técnica y tecnológicamente en la venta online”.
Este pronunciamiento ocurre en paralelo a una sansión histórica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que declaró haber detectado operadores extranjeros funcionando en España sin licencia, lo que se consideró como infracciones muy graves en base a la Ley de Regulación del Juego (LRJ).
Por esto, se aplicaron multas económicas millonarias y se decretó el cierre de sus portales web y la inhabilitación de los operadores por un periodo de dos años. Por otra parte, la Dirección General de Ordenación del Juego también sancionó en el segundo semestre a otras 12 empresas que sí operan con licencia en España, pero que incurrieron en algún tipo de infracción tipifica en la ley.
