Secretarios de Seguridad brasileños exigen mayor participación en ingresos de apuestas
Buscan redirigir fondos de las apuestas para fortalecer la seguridad pública, con el argumento de que los efectos negativos del juego recaen sobre el área.
Brasil.- El Consejo Nacional de Secretarios de Seguridad Pública (Consesp) presentó un anteproyecto que propone aumentar de forma significativa los recursos destinados a la seguridad provenientes de las apostas de cuota fija. Actualmente, la seguridad pública recibe apenas el 13,6 por ciento de la recaudación total, mientras que el deporte concentra el 36 por ciento y el turismo un 22 por ciento.
La nueva propuesta eleva ese porcentaje en 18 puntos porcentuales, llevando los ingresos al 31,6 por ciento, distribuyendo esos nuevos montos en 12 por ciento a los fondos de seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, y 6 por ciento a los fondos penitenciarios. Para lograr ese reequilibrio, los secretarios plantean reducir un 10 por ciento la participación del deporte y un 8 por ciento la del turismo. La medida será debatida durante el evento iLab Segurança 2025, que reúne a autoridades de todo el país.
Según el Consesp, los problemas derivados del juego recaen directamente sobre la estructura de seguridad, ya que muchas veces se vinculan con fraudes, lavado de dinero o delitos cibernéticos. Por eso, consideran legítimo y urgente un refuerzo presupuestario que permita enfrentar con mayor eficacia estos desafíos.
El texto también propone impedir que actos administrativos impongan trabas o condicionamientos al traspaso de recursos, garantizando mayor autonomía y agilidad a los estados en su ejecución. Según el consejo, se trata de una corrección justa para una área históricamente subestimada en la repartición de ingresos fiscales.
La redistribución de fondos forma parte de un paquete legislativo más amplio que será presentado al Congreso Nacional. Entre las medidas incluidas se destacan la creación de nuevos tipos penales, como obstrucción de justicia, así como mecanismos para acelerar investigaciones, endurecer penas para el crimen organizado y mejorar la cooperación entre fuerzas policiales y órganos de control.
