São José do Rio Preto avanza con proyecto para prohibir publicidad de apuestas en espacios públicos
La iniciativa busca restringir la presencia de anuncios de casas de apuestas en sectores urbanos, transporte público y zonas cercanas a escuelas.
Brasil.- El Concejo Deliberante de São José do Rio Preto, en el estado de São Paulo, está analizando un proyecto de ley que propone prohibir la publicidad de plataformas de apuestas deportivas en distintos espacios públicos de la ciudad. La iniciativa fue presentada por el concejal Felipe Alcalá y apunta a las empresas de apuestas de cuota fija.
En los argumentos del proyecto, el autor sostiene que la medida responde al aumento de la preocupación social por los efectos del crecimiento del juego online en Brasil, especialmente por el endeudamiento de familias, el impacto en sectores vulnerables y el avance del juego problemático.
Las medidas
El texto establece la prohibición de anuncios en bienes y elementos públicos municipales, incluyendo paradas de colectivo, carteles, relojes urbanos, tótems publicitarios y unidades de transporte público, entre otros soportes de uso urbano.
Según informó Gazeta do Rio Preto, el proyecto también incorpora restricciones específicas para entornos educativos, al prohibir la publicidad de apuestas en un radio de 200 metros de escuelas públicas y privadas de educación básica. La iniciativa además impide campañas dirigidas a niños y adolescentes o aquellas que asocien el juego con enriquecimiento rápido, ascenso social o solución de problemas económicos.
El texto también obliga a que toda publicidad autorizada bajo normativa municipal tenga advertencias visibles sobre riesgos de pérdidas financieras, endeudamiento y posibles problemas de conducta asociados al juego. Además, prevé sanciones por incumplimiento que incluyen advertencias, multas, retiro inmediato de la publicidad irregular e incluso la revocación de autorizaciones en caso de reincidencia.
El concejal argumenta que el municipio tiene la capacidad para regular el uso del espacio urbano bajo su poder de policía administrativa, y cita además el Estatuto de la Niñez y Adolescencia (ECA) y principios de protección al consumidor y salud pública como sustento legal. En caso de ser aprobado por el Concejo y promulgado por el Ejecutivo, el proyecto entraría en vigencia 90 días después de su publicación oficial.
