Sandra Kemp, iGaming Responsable Chile: “No regular no hace que la actividad desaparezca”
Sandra Kemp, directora ejecutiva de iGaming Responsable Chile (AGR), plantea un modelo basado en fiscalización efectiva, autoexclusión nacional, verificación de identidad y estándares obligatorios para todos los operadores.
Datos clave:
- Sandra Kemp, directora ejecutiva de iGaming Responsable Chile, sostiene que un marco legal equilibrado requiere un regulador especializado, un registro público de operadores, verificación y autoexclusión nacional, y medición pública de resultados.
- Advierte que un régimen que solo obliga a quien se licencia “termina castigando el cumplimiento” si no se fiscaliza también al operador que decide no licenciarse desde el primer día.
- Propone un registro único nacional de autoexclusión operado por el Estado, verificación obligatoria de identidad y edad contra fuentes oficiales, y financiamiento fijo por ley para prevención y tratamiento fuera de la industria.
- Sobre publicidad, apoya restricciones estrictas pero advierte que “restringir sin fiscalizar no reduce la publicidad: solo reduce la publicidad que puede verse”.
- Toma como referencia a Colombia, Perú y Brasil para mostrar que la calibración (carga tributaria moderada, oferta amplia y fiscalización estricta) determina la canalización y la protección real más que la severidad nominal.
Entrevista.- Chile enfrenta una definición clave sobre su mercado de igaming: avanzar hacia un sistema regulado con herramientas obligatorias de protección y fiscalización efectiva, o mantener una actividad que opera sin estándares comunes. En una entrevista con Focus Gaming News, Sandra Kemp, directora ejecutiva de iGaming Responsable Chile, detalla las cuatro piezas de un marco equilibrado y advierte que “no regular no hace que la actividad desaparezca”, sino que la deja sin verificación de edad, sin protección obligatoria y sin trazabilidad.
¿Qué elementos consideran indispensables para un marco legal equilibrado del juego online en Chile?
Un marco equilibrado se sostiene sobre cuatro piezas, y si falta una, las otras tres pierden eficacia. La primera es un regulador especializado con facultades reales de fiscalización y sanción, y con capacidad técnica y presupuesto desde el primer día. Facultades sin capacidad no fiscalizan: autorizan.
La segunda es un registro público de operadores autorizados. Parece un detalle administrativo y es la pieza que ordena todo el sistema, porque sin ese registro ningún intermediario —procesadores de pago, medios, plataformas digitales, proveedores de internet, clubes deportivos— tiene contra qué verificar a quién puede prestar servicio. Es lo que convierte la licencia en una barrera efectiva y no en un trámite.
La tercera son las protecciones de entrada y salida: verificación obligatoria de identidad y edad contra fuentes oficiales, y un registro nacional único de autoexclusión, vinculante, operado por el Estado e integrado con los casinos físicos. Y la cuarta es la medición: publicación periódica de canalización, prevalencia de juego problemático y uso efectivo de las herramientas de protección, con una cláusula que permita ajustar los parámetros según esos datos.
Sobre eso hay una condición transversal que suele omitirse. Un régimen que solo obliga a quien acepta obligarse no ordena el mercado. La fiscalización del operador que decide no licenciarse tiene que activarse el mismo día que empiezan las obligaciones del licenciado, no después. Si no, la ley termina castigando el cumplimiento.
¿Qué espacios de diálogo existen hoy con la Superintendencia de Casinos y Juegos y el Ministerio de Hacienda, y qué propuestas concretas ha llevado la AGR a esas mesas?
El canal formal más relevante que concluyó recientemente fue la mesa técnica prelegislativa acordada entre la Comisión de Economía del Senado y el Poder Ejecutivo, con la participación de asesores legislativos y asesores del Ministerio de Hacienda, y con la asistencia de la Superintendencia de Casinos de Juego y el Servicio de Impuestos Internos (SII). A la espera del nuevo paquete de indicaciones del Ministerio de Hacienda al proyecto de ley PAL, este fue el avance más concreto y serio que ha tenido esta discusión, y así lo hemos dicho públicamente.
Nuestra disposición a aportar antecedentes técnicos está registrada y sigue abierta, a través del canal y formato que determine la autoridad. Toda gestión que realizamos ante las autoridades queda registrada conforme a la Ley de Lobby: parte de lo que venimos a ofrecer es precisamente trazabilidad, y no tendría sentido pedirle transparencia al sistema si nosotros mismos no la practicamos. Dicho esto, agradeceríamos mucha más apertura y disposición de parte de la Superintendencia, nuestro futuro regulador, para un diálogo constructivo con la industria del igaming.
Nuestras propuestas son públicas y no han cambiado. Un registro único nacional de autoexclusión, operado por el Estado e integrado con el canal presencial. Verificación obligatoria de identidad y edad contra fuentes oficiales, coordinada con el Registro Civil. Responsabilidad de los intermediarios, verificada contra el registro público de licenciatarios. Financiamiento para la prevención y el tratamiento mediante un porcentaje fijo establecido por ley, administrado fuera de la industria. Y una cláusula de revisión periódica con datos publicados de canalización y prevalencia.
Hay una propuesta adicional que queremos destacar porque nos exige algo a nosotros mismos: poner a disposición del regulador y de la investigación en salud pública datos agregados sobre patrones de juego —que hoy no existen en ninguna parte de Chile—, bajo reglas claras de privacidad. Chile está legislando sin datos propios de prevalencia. Eso es solucionable, y estamos dispuestos a ayudar a solucionarlo.
«Nuestra disposición a aportar antecedentes técnicos está registrada y sigue abierta, a través del canal y formato que determine la autoridad. Agradeceríamos mucha más apertura y disposición de parte de la Superintendencia para un diálogo constructivo con la industria del igaming».
Sandra Kemp, directora ejecutiva de iGaming Responsable Chile.
Diversos actores, como la World Lottery Association, han advertido que la regulación no debiera convertirse en una «amnistía» para operadores sin licencia. ¿Cómo ven ese debate y qué estándares de entrada debería exigir Chile?
La preocupación es legítima, y la compartimos en su forma más exigente: una regulación que simplemente borre el pasado sin condiciones asociadas sería una mala ley y, además, una pésima señal. Nadie debería poder ingresar a un mercado regulado por el solo hecho de haber operado antes de que existiera.
Dicho esto, vale la pena separar dos cosas que el debate suele confundir. Amnistía significa otorgar una exención sin condiciones. Regularización significa imponer condiciones: pagar lo que la autoridad determine que se debe, por ejemplo en IVA digital, abrir los libros a auditoría, demostrar idoneidad, y cumplir el estándar completo antes de operar. Lo primero nos parece indefendible. Lo segundo es lo que efectivamente hicieron los mercados de la región que hoy funcionan razonablemente bien.
En cuanto a los estándares de entrada, nuestra posición es que deben ser estrictos y verificables: idoneidad de accionistas, controladores y directores, con una revisión de su historial regulatorio en cada jurisdicción donde opera el grupo; certificación técnica independiente de plataformas y juegos; garantías financieras que respalden los saldos de los usuarios; integración obligatoria con el registro de autoexclusión y los sistemas de verificación antes de recibir la licencia, no después; y regularización tributaria comprobada como condición previa. Quien cumpla eso debería poder postular. Quien no lo cumpla no debería estar en el mercado, y eso aplica explícitamente también a nuestros propios miembros.
Donde sí discrepamos es en usar la fecha de llegada como criterio en lugar de exigir el cumplimiento del estándar. Una exclusión retroactiva alcanza a los operadores serios que se identificaron ante el Estado y se registraron para pagar impuestos, y no alcanza a quienes nunca se presentaron. El resultado práctico no es un mercado más limpio: es un mercado con menos operadores que pueden ser fiscalizados y el mismo nivel de demanda.
Se discute con fuerza la publicidad de las casas de apuestas, especialmente en eventos deportivos, medios masivos y horarios de protección de menores. ¿Cuál es su postura?
Apoyamos restricciones estrictas, y no vamos a defender el modelo publicitario que esta industria ha practicado en otros mercados en cuanto a cantidad y calidad de mensajes. La saturación publicitaria, los bonos presentados de forma engañosa y el patrocinio deportivo sin límites generaron un rechazo social fundado, y varios países terminaron sobrecorrigiendo precisamente porque la industria no se autorreguló a tiempo. Es una lección que tenemos que hacer nuestra.
Nuestros principios ya excluyen la comunicación dirigida a menores o personas vulnerables, y los mensajes engañosos. En un marco regulado, creemos que deberían aplicarse cuatro criterios. Primero, solo los operadores con licencia deberían poder publicitar, con su licencia claramente exhibida: la publicidad regulada es, entre otras cosas, el mecanismo por el cual un usuario distingue quién está autorizado de quién no lo está. Segundo, protección reforzada para menores, con restricciones de horario, contenido y las figuras que aparecen en los anuncios. Tercero, reglas estrictas sobre bonos y promociones, que es donde ocurren la mayoría de los abusos. Cuarto, inclusión obligatoria de información sobre juego responsable y la vía de autoexclusión en todas las comunicaciones comerciales.
En materia deportiva, entendemos la sensibilidad del tema y no la cuestionamos. Lo que sí pedimos es que la norma se aplique de manera uniforme a todos los operadores de juego que actualmente publicitan en Chile, incluidos los del canal presencial y los operadores estatales, porque una norma asimétrica no protege a nadie: solo redistribuye la exposición.
Y ofreceremos una advertencia técnica con humildad, porque sabemos cómo suena viniendo de nosotros: una prohibición total tiene un efecto bien conocido. El operador con licencia desaparece de los canales que pueden medirse, mientras que el operador sin licencia sigue presente en redes sociales, a través de afiliados, y en transmisiones que nadie supervisa. Por eso la restricción funciona cuando va acompañada de responsabilidad de los intermediarios y una fiscalización efectiva contra quienes publicitan sin licencia. Restringir sin fiscalizar no reduce la publicidad: solo reduce la publicidad que puede verse.
«La restricción funciona cuando va acompañada de responsabilidad de los intermediarios y una fiscalización efectiva contra quienes publicitan sin licencia. Restringir sin fiscalizar no reduce la publicidad: solo reduce la publicidad que puede verse».
Sandra Kemp, directora ejecutiva de iGaming Responsable Chile
¿Qué herramientas de juego responsable ofrecen hoy sus operadores y cómo planean robustecerlas?
Los miembros de AGR firmaron una carta de compromiso que es condición de membresía y que ha estado vigente desde el primer día, independientemente de si la ley se aprueba o no. En materia de protección al jugador, eso se traduce en herramientas de autoexclusión, límites de depósito, controles y límites de sesión, pausas, y derivación a servicios de apoyo. En verificación, procesos estrictos de conocimiento del cliente (KYC), con controles de identidad y edad para prevenir el acceso de menores. En integridad, certificación y testeo independiente de los juegos, y transacciones totalmente auditables bajo estándares internacionales de prevención de lavado de activos. Y un mecanismo de revisión periódica del cumplimiento de todo lo anterior.
Dicho esto, debemos ser honestos sobre el techo de todo esto, porque es central en nuestro argumento. La autoexclusión aplicada por un solo operador solo funciona con ese operador. Una persona que se autoexcluye en una plataforma puede abrir una cuenta en otra al día siguiente y entrar a un casino físico esa misma tarde. Los límites de depósito solo se aplican a lo que ese operador puede ver, no al gasto total de una persona. Y la verificación contra fuentes oficiales requiere una base legal y, idealmente, una prueba de vida biométrica que actualmente no existe.
Por eso lo que proponemos para el marco regulado no es una versión mejorada de lo que ya hacemos, sino tres cosas que solo el Estado puede habilitar: un registro único nacional de autoexclusión, vinculante, con integración obligatoria entre el canal online y el presencial; verificación de identidad y edad contra fuentes oficiales con una base legal explícita; y hacer que el estándar sea obligatorio para todos los operadores, no solo para quienes decidimos adoptarlo voluntariamente.
A eso añadiríamos dos elementos que actualmente no se exigen a nadie: detección de patrones de riesgo con intervención documentada y auditable por el regulador, e indicadores públicos sobre el uso efectivo de estas herramientas. Si nadie mide cuántas personas realmente usan un límite de depósito, tener límites de depósito es una declaración, no una política.
¿Qué aprendizajes recogen de otras jurisdicciones y cuáles son especialmente útiles para Chile?
La primera lección es la más simple: la regulación funciona. Colombia, Perú y Brasil tienen hoy registros de operadores, verificación de identidad, herramientas obligatorias de juego responsable, obligaciones de prevención de lavado de activos y datos públicos sobre el fenómeno. Nada de eso existe en Chile hoy. La comparación relevante no es entre juego regulado y ausencia total de juego: es entre juego que puede ser monitoreado y juego que es invisible.
La segunda es que la calibración determina el resultado más que la severidad nominal. Los mercados que combinaron una carga tributaria moderada con una oferta amplia y una fiscalización estricta lograron las tasas de canalización más altas; los que combinaron una carga alta con una oferta restringida terminaron con una porción significativa del juego fuera del perímetro, recaudando menos y protegiendo menos. La severidad escrita en una ley y la protección efectivamente alcanzada en la práctica no son lo mismo.
La tercera es que el regulador necesita capacidad, no solo facultades. Varias jurisdicciones aprobaron marcos sólidos y luego perdieron dos o tres años porque el organismo no contaba con el personal, los sistemas o el presupuesto para procesar licencias y llevar a cabo la fiscalización. Ese vacío siempre lo llena el operador informal.
La cuarta —y la más incómoda para nuestro sector— tiene que ver con la publicidad: los mercados donde la industria no se autolimitó terminaron con regulaciones muy restrictivas impuestas como reacción social. Es una lección que nos obliga a nosotros antes de obligar al legislador.
Y la quinta es que ningún modelo puede simplemente trasplantarse. Chile tiene sus propias instituciones, su propia cultura de juego y preocupaciones públicas legítimas, y la ley debe construirse sobre esa realidad. Nuestro papel es aportar evidencia comparada, no recetas ya hechas.
¿Por qué creen que, pese a estos ejemplos, todavía hay sectores en Chile que se oponen, y qué argumentos les parecen legítimos?
Empecemos por reconocer algo: buena parte de la desconfianza hacia este sector fue ganada por el propio sector. En varios mercados, la industria practicó publicidad agresiva, promociones poco transparentes y una expansión que no fue acompañada de una inversión proporcional en protección. Quienes hoy desconfían de esto en Chile no lo hacen por ignorancia: están mirando antecedentes reales. Esa es la primera respuesta honesta.
Entre los argumentos en contra, hay varios que nos parecen plenamente legítimos. La preocupación por el acceso de menores es legítima y sigue sin resolverse hoy a nivel de mercado en su conjunto. Sin embargo, los miembros de AGR han decidido proactivamente integrarse con el Registro Civil chileno para identificar y cruzar información con la base de datos del RUT de los usuarios a nivel nacional, lo que reducirá de manera significativa la posibilidad de que menores se incorporen como usuarios.
La preocupación por la ludopatía es real, y se agrava por un hecho incómodo pero cierto: Chile no cuenta con estudios de prevalencia propios. Ante esa ausencia, una postura precautoria es una posición razonable, no un prejuicio. Y es comprensible temer que regular pueda leerse como normalizar, especialmente si la ley o la reglamentación terminan siendo laxas, o si el Estado sigue enviando señales contradictorias, como ocurre justo ahora con la recaudación tributaria y las medidas de bloqueo operando en paralelo.
También existen posiciones que legítimamente defienden un interés de mercado. Eso es parte normal de un debate económico, y no lo descartamos: solo pedimos que se declare como lo que es, para que la discusión sea sobre estándares y no sobre etiquetas.
Donde sí discrepamos es con la conclusión. El argumento que no compartimos es que no regular protege a las personas. No regular no hace que la actividad desaparezca: solo la deja sin verificación de edad, sin herramientas de protección obligatorias, sin trazabilidad financiera, con la integridad deportiva sin una autoridad a la cual recurrir, y sin un solo peso destinado a prevención y tratamiento. La pregunta que enfrenta Chile no es si aprobar o no el juego online. Es si lo quiere con estándares y fiscalización, o sin ninguno de los dos.
