República Dominicana aprueba nuevas normas de juego responsable y crea un Sistema Nacional de Autoexclusión
La resolución establece obligaciones para operadores físicos y online, incorpora restricciones publicitarias y pone en marcha un registro nacional para jugadores autoexcluidos.
República Dominicana.- El Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana aprobó la Resolución Núm. 184-2026, una nueva normativa que establece un marco integral de juego responsable en el país y crea el Sistema Nacional de Autoexclusión para jugadores con conductas de riesgo o problemas de ludopatía.
La medida, firmada por el ministro Magín J. Díaz, alcanza a todos los operadores de juegos de azar autorizados en República Dominicana, incluyendo casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas, tragamonedas, bingos, rifas y plataformas de juego online.
Entre los principales puntos de la resolución se destaca la creación del Registro Nacional de Autoexclusión, una base de datos centralizada administrada por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA), que permitirá a los jugadores excluirse voluntariamente de las actividades de juego por un período mínimo de seis meses.
La normativa obliga a los operadores online, casinos y salas de tragamonedas a implementar sistemas técnicos que bloqueen en tiempo real el acceso de usuarios autoexcluidos. En el caso de las bancas de lotería y apuestas deportivas, deberán adoptar controles específicos para impedir operaciones de jugadores registrados en el sistema.
Asimismo, la resolución incorpora una batería de medidas de juego responsable que deberán ser implementadas por los operadores, tales como límites de tiempo y gasto, herramientas de autoevaluación, pausas obligatorias, monitoreo del comportamiento del jugador y programas de capacitación obligatoria para empleados y socios estratégicos.
En materia publicitaria, el texto endurece las restricciones sobre comunicaciones comerciales vinculadas al juego. Todas las piezas deberán incluir mensajes sanitarios sobre ludopatía y el número de la Línea de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Además, se prohíbe la publicidad dirigida a menores de edad o aquella que asocie el juego con éxito económico, bienestar o solución de problemas financieros.
La resolución también mantiene la prohibición histórica para que casinos y salas de tragamonedas realicen publicidad directa o indirecta al público, conforme a la legislación vigente.
Otro de los aspectos relevantes es la prohibición para que los operadores otorguen préstamos o asistencia financiera a jugadores para continuar apostando, aunque sí podrán ofrecer determinados bonos promocionales bajo límites establecidos por la normativa.
El documento establece además que los operadores deberán desarrollar políticas internas de juego responsable, realizar campañas educativas y colaborar con la DCJA en la recopilación de información y estadísticas relacionadas con la prevención de la ludopatía.
En caso de incumplimiento, las infracciones podrán ser sancionadas bajo el marco de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La DCJA será el organismo encargado de fiscalizar la implementación de las nuevas disposiciones.
La normativa entrará en vigor inmediatamente tras su publicación, aunque los titulares de licencias tendrán un plazo de seis meses para adecuarse a las nuevas exigencias regulatorias.
