Regulación del juego: en Canarias crean comisión para unificar criterios en la materia
Se formó un grupo de trabajo que se encargará de proponer soluciones para superar las diferencias en cuanto al Decreto Ley 7/2024, de 31 de julio.
España.- Con el objetivo de reforzar las normativas sobre publicidad, controles más rigurosos en los accesos a establecimientos y la implementación de programas educativos para concienciar sobre los peligros de estas actividades, la comunidad de Canarias y el Estado, crearon una comisión especial.
A través del Boletín Oficial de Canarias se dio a conocer el acuerdo alcanzado por la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias para abordar las discrepancias en el Decreto Ley 7/2024, de 31 de julio.
Algunos de los artículos de este decreto han causado discrepancias legales, sobre todo en cómo estas medidas se ajustan al marco competencial estatal, lo que ha llevado a la necesidad de iniciar negociaciones.
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En agosto, la consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias publicó, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), un decreto ley con medidas urgentes para corregir la situación generada por una sentencia judicial que permite instalar salones de juego a menos de 300 metros de centros de educación Infantil y Primaria, una vez finalizada la moratoria en el sector del juego a 31 de diciembre de 2023.
Este conjunto de medidas pretende garantizar la protección de la infancia en el ámbito de la actividad de los juegos de azar y las apuestas a través del decreto ley 7/2024, de 31 de julio.
Canarias modificará la normativa sobre el juego en 2025
La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia, anunció que trabaja en la nueva planificación de los juegos y apuestas en Canarias tras quedar obsoleta la norma que lo regula.
Según el viceconsejero, Antonio Llorens, “el Decreto 299/2003, de 22 de diciembre ya no recoge la realidad del sector, por lo que en virtud de las competencias que tiene el Gobierno de Canarias hemos comenzado a tramitar una nueva norma con el objetivo de proceder a su aprobación durante al próximo año”.
