Presentan un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Brasil que propone prohibir las apuestas
La iniciativa también penaliza la explotación y difusión de la actividad, con penas que podrían alcanzar hasta 16 años de prisión.
Brasil.- Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Brasil propone la prohibición total de las apuestas de cuotas fijas, conocidas como «bets», en todo el país. La propuesta también penaliza la explotación y difusión de esta actividad, con penas que pueden alcanzar hasta 16 años de prisión.
El proyecto de ley 5.280/2026, presentado por el diputado federal Weliton Prado (PSD-MG), prohíbe la operación, oferta, prestación, intermediación, facilitación, promoción, patrocinio, financiación y procesamiento de apuestas de cuotas fijas, tanto por medios físicos como electrónicos. La restricción también se extendería a las empresas radicadas en el extranjero que ofrecen apuestas al público brasileño.
Según el texto, operar apuestas de cuotas fijas se convertiría en un delito, punible con seis a dieciséis años de prisión, además de una multa. Promocionar, patrocinar, publicitar o anunciar actividades relacionadas con las apuestas se castigaría con cinco a catorce años de prisión y una multa. En su justificación, Prado argumenta que la normativa adoptada por Brasil es insuficiente para abordar los problemas asociados al sector.
“Brasil ha optado, hasta ahora, por la vía de la regulación. Sin embargo, dada la magnitud del problema, es necesario preguntarse si debemos seguir intentando mitigar sus efectos o si debemos erradicar la actividad por completo. Defiendo firmemente la segunda opción”.
El diputado añade que “es necesario reconocer que la simple regulación de la actividad no ha sido suficiente para solucionar estos problemas. Por lo tanto, mi postura es clara y objetiva: Brasil debe prohibir las apuestas de cuotas fijas”.
El proyecto de ley también exige que las instituciones financieras y de pago impidan las transacciones directa o indirectamente relacionadas con la operación de apuestas. Asimismo, prevé el bloqueo de las cuentas utilizadas para este fin, al tiempo que mantiene mecanismos para la restitución de los fondos pertenecientes a los usuarios.
Si la propuesta se aprueba y entra en vigor, las empresas actualmente autorizadas tendrían 180 días para cesar sus actividades. Durante este periodo, tendrían prohibido registrar nuevos apostadores y aceptar nuevas apuestas. Los saldos existentes en las cuentas de los usuarios deberán ser reembolsados íntegramente en un plazo de 60 días a partir de la publicación de la ley.
El Poder Ejecutivo también sería responsable de adoptar medidas para bloquear los sitios web, aplicaciones y plataformas utilizados para el juego, así como de interrumpir los flujos financieros relacionados con esta actividad.
La propuesta centra la responsabilidad penal en quienes sean responsables de la explotación, promoción y difusión de las apuestas. El texto no contempla sanciones penales para quienes realicen apuestas.
