Paraguay: piden investigar los contratos entre el IPS y la empresa dueña del Hotel Casino Acaray
La Cámara de Diputados aprobó por decisión unánime un pedido a la Contraloría General de la República para auditar los convenios.
Paraguay.- La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de declaración “que insta a la Contraloría General de la República a iniciar una investigación contra los responsables del Instituto de Previsión Social (IPS) en el marco de los contratos con la firma Azar Internacional S.A., en relación al Hotel Casino Acaray”.
En el documento presentado por el diputado Yamil Esgaib se explica que “la concesión a la empresa Azar Internacional S.A., desde el año 2005, se hizo sin respetar las formas legales y con un evidente daño patrimonial al Instituto de Previsión Social”.
La iniciativa añade que la mencionada firma arrienda el predio denominado “Acaray” propiedad del IPS, desde el año 2005, según el contrato suscripto entre las partes, la que sufrió ciertas modificaciones durante el transcurso del tiempo.
Asimismo, el legislador denunció que por Resolución R.C.A N° 035-029/13, de fecha del 07 de mayo de 2013, llamativamente, se autorizó la rescisión de común acuerdo del contrato previamente suscrito entre el IPS y Azar Internacional S.A., pero que en el mismo acto se autorizó la suscripción de un nuevo contrato entre las partes, esta vez, por un plazo de arrendamiento de 20 años.
El documento exhorta además a la Contraloría General de la República a iniciar la investigación por hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y cohecho pasivo”.
El proyecto contó con aprobación unánime, con base en varios dictámenes; entre ellos, el de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social.
Apoyo oficial
Tras la resolución de la Cámara Baja, quien se manifestó sobre esta situación fue el actual presidente de la Conajzar, Carlos Lisera, quien afirmó que todo lo que rodea el vínculo comercial entre el IPS y Azar Internacional S.A está viciado de ilegalidad.
«Las prórrogas no están contempladas en la ley vigente, y necesariamente debe hacerse una licitación pública, por lo que se está analizando el acuerdo al cual se llegó en la administración anterior», en declaraciones a la radio local AM 970.
Liseras explicó que “casi todos los casinos en algún momento fueron beneficiados con prórrogas y las autoridades antecesoras consintieron esa situación, pero la ley establece que debe ser por licitación, para que se presenten las empresas, hagan su oferta y se elija la mejor para el Estado, luego del análisis de la documentación presentada”.
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