Cuál fue el primer estado de Estados Unidos en criminalizar los mercados de predicción
La medida aprobada en Minnesota establece una prohibición general sobre la operación y publicidad de prediction markets no autorizados, salvo los vinculados a eventos climáticos.
Estados Unidos.- El estado de Minnesota se convirtió en el primero de Estados Unidos en criminalizar los mercados de predicciones. La ley fue firmada por el gobernador Tim Walz tras recibir un amplio apoyo bipartidista y está prevista para entrar en vigor el 1 de agosto de 2026.
Mientras otros estados habían optado por emitir cartas de cese y desistimiento o advertencias regulatorias, Minnesota estableció una prohibición general sobre la operación y publicidad de prediction markets no sancionados por el estado. La única excepción son los mercados relacionados con eventos climáticos, que seguirán permitidos tras la presión de sectores agrícolas que consideran estos datos esenciales para la gestión de riesgos.
Respuesta de la CFTC
La medida se produce en medio de un conflicto entre autoridades estatales y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que considera a los prediction markets como un producto financiero. Anticipando la firma del gobernador, la CFTC presentó una demanda en un tribunal federal para bloquear la entrada en vigor de la ley.
En un comunicado, el presidente de la CFTC, Michael S. Selig, calificó la acción de Minnesota como “el movimiento más agresivo de un estado para cerrar mercados regulados por la CFTC y terminar con el régimen federal establecido por el Congreso hace más de 50 años”. Selig advirtió que la legislación convertiría a operadores legales en “delincuentes de la noche a la mañana” y criticó al estado por ignorar el papel de los prediction markets como herramientas para agricultores y científicos.
La CFTC ya demandó a otros estados, incluidos Arizona, Connecticut, Illinois y Nueva York, por sus intentos de regular o prohibir estas plataformas.
Los defensores de la iniciativa sostienen que la regulación del juego debe seguir siendo una capacidad estatal. La representante Emma Greenman, autora del proyecto, afirmó: “Nosotros como estado debemos decidir qué regulaciones creemos que deben aplicarse al juego, para proteger la seguridad pública y proteger a nuestros niños”.
