Mendoza confirma dura sanción a un exempleado del Instituto Provincial de Juegos y Casinos
El Gobierno dejó firme la sanción contra un ex agente estatal que fue despedido por operar como croupier en una sala clandestina de apuestas en Luján de Cuyo.
Argentina.- El Gobierno de Mendoza confirmó la sanción más severa en el ámbito del empleo público contra un ex trabajador del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC Mendoza), quien fue despedido tras comprobarse que operaba como croupier en una sala clandestina de apuestas.
El caso se remonta a 2021, cuando se inició un sumario administrativo luego de que el empleado fuera encontrado en un domicilio de la calle Salvador, en el Barrio Huerto del Sol de Luján de Cuyo, operando juegos de azar en un establecimiento ilegal. Como resultado de ese sumario, en 2022 el trabajador fue exonerado, recibiendo el despido y la inhabilitación para volver a ejercer funciones en el Estado.
Reclamos y nueva intervención
Posteriormente, tras un reclamo, la sanción inicial fue anulada y se dictó un nuevo acto administrativo, dando intervención a la Junta de Disciplina del Casino provincial. Este organismo volvió a resolver la exoneración del agente, confirmando la gravedad de la falta cometida.
El trabajador apeló nuevamente mediante un recurso de alzada, argumentando que el sumario administrativo había caducado por haber transcurrido más de seis meses entre la notificación y la resolución. Sin embargo, el Gobierno provincial analizó el caso y determinó que “la normativa vigente no prevé un plazo de caducidad para el procedimiento sumarial, sino únicamente plazos de prescripción de la potestad sancionatoria de la Administración”.
En el decreto Nº 893, las autoridades señalaron que “la resolución sancionatoria es coherente, en tanto se deriva razonablemente de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, resultando los elementos de cargo aptos para producir un convencimiento cierto acerca de la responsabilidad disciplinaria que le cabe al recurrente”.
Por estos motivos, el Gobierno resolvió rechazar el recurso de alzada y dejó firme la exoneración del ex agente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, confirmando la sanción definitiva por su participación en actividades de juego clandestino.
