La Lotería del Risaralda refuerza acciones de control y sensibilización contra el juego ilegal
En la III Mesa Departamental de Legalidad, la entidad colombiana presentó los avances de su programa de fiscalización, que busca proteger los recursos para la salud pública y fomentar la formalización en los municipios.
Colombia.- La Lotería del Risaralda presentó los resultados de su programa de legalidad y fiscalización durante la III Mesa Departamental de Legalidad en los juegos de suerte y azar. La iniciativa, liderada por el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, tiene como objetivo reducir la operación de juegos ilegales en el departamento y promover la importancia de apostar de manera formal.
Según explicó Sandra Lucía Ospina Rincón, jefe comercial de la Lotería, el trabajo ha incluido recorridos semanales en diferentes municipios, donde se sensibiliza a la ciudadanía sobre los beneficios de la legalidad. “Es de la mano de la interinstitucionalidad que podemos abordar los territorios y capacitar a funcionarios y comunidades en la normatividad nacional, siempre con el foco en proteger los recursos de la salud pública, a la cual accede más del 54 por ciento de los colombianos”, señaló.
El programa también busca fortalecer la pedagogía en torno a la venta de rifas y apuestas, práctica que aún persiste en la informalidad. En este sentido, secretarios de Gobierno como Pablo Loaiza Zapata, del municipio de La Celia, destacaron la necesidad de “invitar a las familias vinculadas a estas actividades a formalizarse y contribuir con impuestos al municipio”.
A nivel nacional, la Lotería del Risaralda ha sido reconocida por sus esfuerzos en el control del monopolio rentístico, siendo considerada una de las entidades territoriales que más acciones ha adelantado contra el juego ilegal durante la actual administración.
Las jornadas de sensibilización se desarrollan en plazas, parques, entidades públicas y privadas, con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno departamental. La Lotería subrayó que el respaldo de la Gobernación ha sido clave para avanzar en este proceso, que combina fiscalización, educación y trabajo comunitario para enfrentar un problema que afecta tanto la legalidad como los recursos destinados a la salud.
