La justicia de Paraíba ordena retirar las plataformas de Pixbet
La decisión alcanza a Pixbet, GanheiBet y Bet da Sorte y se basa en la falta de pruebas sobre mecanismos efectivos para impedir el acceso de menores.
Brasil.- El Tribunal de Justicia de Paraíba (TJPB) ordenó cerrar los sitios web y aplicaciones de Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda. El juez João Lucas Souto Gil Messias, del Juzgado de Menores de Campina Grande, firmó la medida el pasado jueves 3 de septiembre con orden de aplicación inmediata.
La resolución alcanza a las tres plataformas de apuestas de la compañía: Pixbet, GanheiBet y Bet da Sorte. Según el magistrado, la empresa no presentó dentro del plazo establecido pruebas de haber implementado mecanismos capaces de impedir el acceso de menores de 18 años. El TJPB dispuso que la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) adoptaran las medidas necesarias para bloquear las plataformas.
Para fundamentar la decisión el juez señaló que consultó a la SPA, que confirmó que Pixbet no había remitido los archivos obligatorios al Sistema de Gestión de Apuestas (SIGAP) sobre las herramientas de protección de menores. La resolución también menciona 16 procesos sancionadores iniciados contra las marcas del grupo por otras irregularidades, entre ellas deficiencias en la identificación de usuarios y la falta de mecanismos de autoexclusión.
Además, el tribunal ordenó designar a un especialista en tecnología de la información y ciberseguridad para evaluar la efectividad de los sistemas biométricos, reconocimiento facial, bases de datos y mecanismos de control de acceso empleados por la compañía.
La medida se suma a una decisión adoptada en julio, cuando la Justicia de Paraíba había suspendido las plataformas hasta que Pixbet demostrara la implementación de reconocimiento facial, verificación biométrica y bloqueo automático de registros del CPF de menores. El plazo era de 48 horas, pero la empresa continuó operativa desde el 18 de julio, lo que derivó en una multa de R$ 4,7 m (US$ 916.636), con cinco días para efectuar el pago bajo apercibimiento de embargo de bienes y activos financieros.
