5 líderes, 1 pregunta: ¿Cuál es la estrategia más eficaz en la lucha contra el mercado ilegal?
Cadena de suministro, cooperación entre reguladores y un mercado legal competitivo: las claves que plantean cinco voces del sector.
Puntos clave:
- Fernanda Batistella y Ezequiel Domínguez sostienen que bloquear sitios no alcanza y que hay que actuar sobre toda la cadena. Batistella cita medios de pago, publicidad, afiliados y proveedores, y Domínguez añade a los cajeros que intermedian y a los influencers que captan apuestas.
- Eliane Nunes defiende combinar bloqueo financiero, bloqueo por ISP y sanciones penales, porque cada método cubre la brecha que dejan los demás. Según Nunes, los sitios reaparecen con nuevos dominios, los pagos encuentran alternativas y los procesos penales tardan.
- Las apuestas ilegales son un delito en Argentina, con penas de 3 a 6 años de prisión, según Domínguez. Afirma que la articulación entre regulador, operadores autorizados y Justicia, con la FEJA como actor central, permitió avanzar más rápido en investigaciones, bloqueos y condenas.
- Karen Sierra-Hughes advierte que el juego ilegal trasciende las fronteras jurisdiccionales y que la colaboración entre reguladores “se está volviendo crucial”. Señala que la Convención de Macolin exige a sus países miembros tipificar como delito la operación de juego ilegal, y que el bloqueo por ISP debe ser dinámico.
- Cristina Romero de Alba propone tres pilares: regulación equilibrada, supervisión eficaz y colaboración entre reguladores, operadores, entidades financieras y proveedores tecnológicos. Junto con Batistella, plantea que el éxito se mida por la capacidad de mantener a los jugadores en el entorno regulado, y no solo por el número de sanciones o bloqueos.
Resumen: Cinco referentes de la industria respondieron, en una nueva edición de «5 Líderes – 1 Pregunta» de Focus Gaming News, cuál es la estrategia más eficaz contra el mercado clandestino del juego. Sus propuestas combinan la actuación sobre toda la cadena de operadores ilegales, la cooperación entre jurisdicciones y un mercado regulado competitivo, frente a un bloqueo que varios consideran insuficiente por sí solo. El debate parte de una práctica habitual de los reguladores, el bloqueo de sitios web y canales de pago, que a veces no alcanza.
Reporte especial.- El debate acerca de cómo luchar efectivamente contra la proliferación de plataformas de apuestas ilegales gana terreno en un mundo hiperconectado, donde la evolución tecnológica agranda el desafío.
Los reguladores suelen recurrir al bloqueo de sitios web y de canales de pago utilizados por operadores ilegales. Sin embargo, esa medida no siempre alcanza. Ante este panorama, en la última edición de «5 Líderes – 1 Pregunta» de Focus Gaming News, cinco figuras de la industria debaten cuál es la estrategia de lucha contra el mercado ilegal más eficaz: el bloqueo financiero, el bloqueo por parte de los proveedores de servicios de Internet, las sanciones penales o una combinación de las tres.
Los participantes son Fernanda Batistella, abogada y socia de Maia Yoshiyasu Advogados; Ezequiel Domínguez, director de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA); Eliane Nunes, jefa de ingresos y crecimiento comercial en Atucha; Karen Sierra-Hughes, vicepresidenta para América Latina, el Caribe y España en Gaming Laboratories International (GLI); y Cristina Romero de Alba, socia de Loyra Abogados.
Aplicar la ley de principio a fin
Para Fernanda Batistella, la clave para combatir el mercado ilegal pasa por dos frentes que deben avanzar de manera conjunta: la aplicación efectiva de la ley contra toda la cadena que permite el funcionamiento de los operadores ilegales y la preservación de la competitividad del mercado regulado.
La abogada destacó el trabajo de la Secretaría de Premios y Apuestas de Brasil contra la oferta ilegal, aunque consideró que el bloqueo de sitios web es una herramienta relevante, pero no suficiente.
“También es necesario actuar de manera coordinada sobre los socios que sostienen estas operaciones, alcanzando a los medios de pago, la publicidad, los afiliados y los proveedores”, afirmó Batistella.
En su opinión, la tasa de canalización debe analizarse como uno de los principales indicadores del éxito de la regulación.
“Mantener al jugador dentro del entorno regulado no es solo una cuestión económica o de competencia: también es una cuestión de salud y protección del apostador. Es en las plataformas autorizadas donde existen obligaciones efectivas de juego responsable, mecanismos de prevención (AML, fraude, etc.), control y fiscalización”, explicó.
Batistella advirtió, además, que una mayor asimetría entre las obligaciones de los operadores autorizados y la aplicación de la ley sobre los ilegales puede fortalecer precisamente al mercado que se busca combatir.
“El equilibrio es fundamental para construir un mercado saludable y sostenible a largo plazo”, concluyó.
Actuar sobre toda la cadena de la ilegalidad
En línea con Batistella, Ezequiel Domínguez sostuvo que la estrategia más efectiva contra el juego ilegal es necesariamente integral.
“No alcanza con bloquear una plataforma: hay que actuar sobre toda la cadena de la ilegalidad, desde quienes ofrecen el juego hasta los cajeros que intermedian y los influencers que promocionan y captan apuestas”, afirmó.
El director de LOTBA explicó que, en la Ciudad de Buenos Aires, se trabaja sobre un modelo basado en la articulación entre el regulador, los operadores autorizados y la Justicia, con un rol fundamental de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA).
“Esa especialización nos permitió avanzar con mayor celeridad en investigaciones, bloqueos y condenas. Es importante tener presente que, en Argentina, las apuestas ilegales no son una mera informalidad: constituyen un delito, con penas que van de 3 a 6 años de prisión”, detalló.
Domínguez también subrayó la importancia de la prevención y la concientización.
“Es fundamental que la sociedad pueda distinguir entre una plataforma legal, que ofrece controles, transparencia y herramientas de juego responsable, y una ilegal, donde esas garantías no existen y los menores pueden acceder”, añadió.
Por último, sostuvo que, frente a un fenómeno digital que no reconoce fronteras, la cooperación entre jurisdicciones y países es indispensable.
“El juego ilegal requiere respuestas coordinadas, sostenidas y cada vez más ágiles”, concluyó.
Una combinación de herramientas
Eliane Nunes considera que la respuesta más eficaz es la combinación de bloqueo financiero, bloqueo por parte de los proveedores de servicios de Internet y sanciones penales.
“Una combinación de las tres. Cada herramienta cubre un vacío que las demás dejan abierto. Los sitios web bloqueados vuelven a aparecer bajo nuevos dominios, los canales de pago encuentran alternativas y los procesos penales llevan tiempo. Al usarlas juntas, hacen que operar de manera ilegal resulte lo suficientemente costoso como para que sea perjudicial», afirmó.
Para Nunes, ninguna de esas herramientas funciona sin un mercado regulado que la respalde.
“La regulación aporta los ingresos fiscales y los mecanismos de control que hacen posible la aplicación de la ley en primer lugar. Es así como las autoridades obtienen las herramientas para combatir el mercado ilegal y hacer frente a los impactos negativos del juego», explicó.
La ejecutiva también trazó un paralelo con lo que ocurre en Brasil, donde el presidente Lula decidió prohibir las apuestas online mediante un decreto.
“La prohibición por sí sola no protege ni a las personas ni a la economía. Y el hecho de que a algunas personas no les guste el juego no es suficiente para que desaparezca. Simplemente se traslada a lugares donde nadie está vigilando,» afirmó. En su opinión, el mercado legal debe ser fuerte y atractivo al mismo tiempo.
“La regulación debe ser estricta, pero también debe permitir un mercado competitivo. Los operadores ilegales no siguen ninguna regla. Ofrecen lo que sea necesario para atraer a los jugadores. Cada restricción que ata las manos de los operadores con licencia termina fortaleciendo el mercado ilegal», concluyó.
La colaboración entre reguladores
Karen Sierra-Hughes sostuvo que cada país cuenta con leyes y regulaciones específicas que pueden impedir la implementación de una o todas las medidas necesarias para reducir el juego ilegal. Sin embargo, destacó un punto universal: “El juego ilegal trasciende las fronteras jurisdiccionales y la colaboración entre reguladores se está volviendo crucial para la aplicación de la ley”.
Como ejemplo, mencionó la Convención de Macolin para la prevención del amaño de partidos y la integridad deportiva.
“[La convención] identifica el juego ilegal como el principal riesgo y exige a sus países miembros que desarrollen una legislación para tipificar como delito la operación de juegos ilegales en sus territorios. También establece el intercambio de información conforme a las regulaciones del RGPD», explicó.
Sierra-Hughes señaló que varias jurisdicciones están comenzando a implementar medidas que bloquean la cadena de suministro de los operadores ilegales, en lugar de reaccionar únicamente cuando ya han ingresado a un mercado.
«Esto no se limita al bloqueo financiero ni a los proveedores de servicios de Internet (ISP), cuyo bloqueo, en cualquier caso, debe ser dinámico para ser más efectivo y eficiente. Debe incluir a todos los proveedores que facilitan sus operaciones, incluyendo, entre otros, la publicidad, los proveedores de contenido de juegos, las redes sociales, las plataformas de transmisión y los patrocinios», añadió.
Un mercado legal atractivo y competitivo
Cristina Romero de Alba planteó un enfoque centrado en la competitividad del mercado regulado.
“La estrategia más efectiva para combatir el juego ilegal no es exclusivamente la persecución y la sanción, sino construir un mercado regulado que sea suficientemente atractivo y competitivo para canalizar la demanda hacia operadores legales”, afirmó.
Para la socia de Loyra Abogados, en Latinoamérica conviven mercados con distintos grados de madurez regulatoria, por lo que es fundamental entender que el jugador seguirá buscando alternativas de entretenimiento.
“Si la oferta legal está sometida a una fiscalidad desproporcionada, restricciones comerciales excesivas o procesos regulatorios ineficientes, estaremos generando incentivos para que el consumidor se desplace hacia plataformas no autorizadas”, advirtió.
Romero de Alba consideró imprescindible actuar sobre tres pilares: una regulación equilibrada que permita competir al operador legal, una supervisión eficaz que dificulte el acceso y la operativa de las plataformas ilegales, y una colaboración estrecha entre reguladores, operadores, entidades financieras y proveedores tecnológicos.
“La protección del consumidor debe ser el objetivo central. Y para alcanzarlo, necesitamos que el mercado regulado funcione”, afirmó.
“El éxito de una política contra el juego ilegal no debería medirse únicamente por el número de sanciones o bloqueos, sino por su capacidad real para atraer y mantener a los jugadores dentro del entorno regulado”, concluyó.
