España, detrás de nuevas reglas fiscales
El sector del juego busca borrar las diferencias entre las distintas comunidades
España.- En el país europeo, las reglas del juego cambian por comunidades y soportes. Con el mismo nivel de ingresos, los impuestos a los que hacen frente un salón o un bingo en Galicia poco tienen que ver con los de un establecimiento de iguales características situado en Andalucía.
En el caso de comparar un local físico con otro virtual, las diferencias se vuelven abismales. Ante esta circunstancia, Cejuego, la patronal más importante del sector, reclama un sistema tributario más flexible y armonizado para impulsar una industria debilitada en los últimos años. Unas reglas más equitativas como apuesta contra la crisis de la industria.
La historia del juego en España ha estado repleta de las dificultades. Durante el franquismo estuvo prohibido y no fue hasta 1977 cuando un nuevo decreto autorizó la instalación de dieciocho casinos en España. Su actividad se regularizó hace casi cincuenta años, pero en todo este tiempo la opinión pública ha mantenido su recelo respecto a una actividad que fue obligada a permanecer, en muchos casos, alejada de las ciudades y sobre la que siempre ha planeado la sombra generada por una adicción tan peligrosa como la ludopatía.
Con el objetivo de normalizar el sector y «abrir las puertas» de bingos y salones, un total de nueve empresas del sector (Grupo Acrismatic, Cirsa, Codere, Conei Corporación, Grupo D.C. Díaz Carbajosa, Egasa, Orenes Grupo y Recreativos Franco) se unieron hace un año y medio en una patronal que aglutina el 70% del mercado en España.
Cejuego reclama un cambio legislativo. La patronal pide «flexibilizar y armonizar» su tributación, pasando a una sola regulación y rebajando la media impositiva hasta el entorno del 10%. Aunque desde el sector privado perciben cierta voluntad política para llevar a cabo estos cambios, reconocen que es complicado que se realicen a corto plazo. No hay que olvidar que el Estado es propietario de Loterías y Apuestas, lo que le convierte, según Cejuego, en «juez y parte» en este conflicto a la Administración.
