En La Pampa reclaman la aplicación la ley de ludopatía infantil
Una diputada provincial pidió explicaciones al Gobierno de La Pampa por la falta de implementación de la normativa sancionada en 2024.
Argentina.- El avance de las apuestas online entre menores volvió a generar preocupación en La Pampa, luego de que datos oficiales revelaran que el 23 por ciento de los estudiantes en edad escolar de la provincia participó durante 2025 en sitios o espacios de apuestas.
El dato fue presentado por el subsecretario de Salud Mental, Martín Malgá, ante la Cámara de Diputados provincial y motivó un nuevo reclamo para que el Gobierno de La Pampa implemente de manera efectiva la Ley N° 3597, sancionada en noviembre de 2024 para prevenir y abordar el consumo problemático de apuestas entre niñas, niños y adolescentes.
La diputada provincial Celeste Rivas presentó un pedido de informes para conocer qué medidas adoptaron las distintas áreas del Ejecutivo desde la aprobación de la normativa. La legisladora también solicitó información pública para determinar si existe el decreto reglamentario de la ley.
Según Rivas, la normativa fue aprobada por unanimidad y establecía un plazo de 90 días para su reglamentación. Sin embargo, transcurrió alrededor de un año y medio sin que el decreto fuera publicado.
Qué establece la Ley 3597
La normativa contempla un abordaje transversal de la problemática y asigna responsabilidades a distintas áreas del Gobierno provincial. Entre ellas se encuentran los ministerios de Educación, Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Modernización y Conectividad.
Entre las medidas previstas figuran la implementación de talleres de prevención y concientización en las escuelas, asistencia en materia de salud mental frente a consumos problemáticos vinculados al juego, capacitaciones y mecanismos de identificación digital.
La ley también contempla acciones para bloquear plataformas ilegales de apuestas, uno de los principales puntos señalados por Rivas en su reclamo. La diputada advirtió que, si bien las plataformas oficiales cuentan con mecanismos destinados a impedir el acceso de menores, existe una proliferación de sitios ilegales que dificulta los controles.
El pedido de informes busca determinar, entre otros puntos, si se realizaron los talleres previstos, qué acciones de bloqueo se implementaron, qué líneas de contención están disponibles y si se desarrollaron sistemas de identificación digital para impedir el acceso de menores.
