El TCU alerta que las apuestas ilegales mueven cerca de US$8.000m al año en Brasil
Una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión detectó fallas en la coordinación estatal para combatir a los operadores ilegales y advirtió sobre riesgos de lavado de dinero, evasión fiscal y manipulación de resultados deportivos.
Brasil.- El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) advirtió que las plataformas de apuestas ilegales representan entre el 41 y el 51 por ciento del volumen total de apuestas realizadas en Brasil y podrían mover hasta R$40.000m (US$7.920m) anuales. La conclusión surge de una auditoría operacional presentada por el ministro Jorge Oliveira, que analizó los mecanismos utilizados por el Estado brasileño para prevenir el lavado de dinero vinculado al juego online.
Según el TCU, el mercado regulado de apuestas online registró un fuerte crecimiento durante el primer semestre de 2025. En ese período, la recaudación bruta del sector alcanzó los R$ 17.400m (US$3.460), mientras que los tributos federales generaron ingresos por R$3.800m (US$750m) y otros R$2.140m (US$426) fueron destinados a fines sociales.
La auditoría señala además que 17,7 millones de brasileños apostaron en plataformas autorizadas durante ese período, con un gasto promedio mensual de R$164 (US$32) por usuario. Para el tribunal, estos datos evidencian riesgos crecientes de episodios de juego problemático.
El ministro Jorge Oliveira también puso el foco en el impacto de las apuestas sobre beneficiarios del programa social Bolsa Família. De acuerdo con datos del Banco Central do Brasil citados en el informe, solo en agosto de 2024 los beneficiarios del programa gastaron R$3.000m en apuestas online, equivalente al 21 por ciento de los recursos distribuidos por el plan ese mes.
Otro de los puntos destacados por el TCU fue la expansión de plataformas ilegales como el juego Fortune Tiger, popularmente conocido como “Tigrinho”. Según Oliveira, este tipo de operadores expone a los usuarios a fraudes y posibles manipulaciones algorítmicas.
La auditoría detectó importantes deficiencias en la coordinación entre organismos públicos encargados de fiscalizar el sector. Entre los principales problemas identificados aparecen la falta de protocolos formales para compartir información, la ausencia de acciones conjuntas para bloquear y sancionar operadores irregulares y limitaciones técnicas en la capacidad de monitoreo de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA).
El TCU sostuvo que el monitoreo de dominios ilegales todavía se realiza de forma reactiva, basado principalmente en denuncias y búsquedas manuales, además de señalar demoras en los procesos de identificación de operaciones irregulares y falta de integración con bases de datos estaduales.
Frente a este escenario, el tribunal recomendó crear un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional para combatir las apuestas ilegales, con participación de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), el Banco Central, el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), la Receita Federal y organismos de persecución penal.
Además, instó a reforzar las herramientas tecnológicas para detectar plataformas no autorizadas y pidió endurecer las sanciones contra entidades financieras y medios de pago que faciliten operaciones vinculadas a casas de apuestas ilegales.
