Georgia busca atraer a operadores de juego online internacionales con un nuevo régimen de licencias e impuestos
La iniciativa contempla una tasa reducida sobre los ingresos del juego y licencias con una vigencia de cinco años.
Georgia.- El Gobierno de Georgia presentó ante el Parlamento un proyecto de ley para crear un nuevo régimen de licencias destinado a operadores de apuestas deportivas y casinos online que ofrezcan sus servicios exclusivamente a jugadores extranjeros. La iniciativa, tramitada por un procedimiento acelerado, modifica la Ley sobre la Organización de Loterías, Juegos de Azar y Juegos Rentables e incorpora permisos específicos para empresas que operen plataformas dirigidas a clientes no georgianos.
Las nuevas licencias tendrán una vigencia de cinco años y estarán sujetas al pago de una tasa anual de GEL 100.000 (US$ 37.800). Además, cada permiso será válido para un único sitio web, a diferencia del régimen actual, que permite operar hasta dos dominios bajo una misma licencia.
El acceso a estas plataformas estará restringido a ciudadanos extranjeros y personas apátridas, mientras que los ciudadanos georgianos deberán ser bloqueados automáticamente. El incumplimiento de las condiciones de la licencia o de los plazos de pago podrá ser sancionado con multas de GEL 20.000 (US$ 7.300).
El proyecto también propone un régimen fiscal específico para estos operadores. En lugar del impuesto habitual aplicado a los casinos online que operan en el mercado local, las empresas con esta licencia tributarán el 5 por ciento de los ingresos brutos del juego, calculados sobre los ingresos netos.
Restricciones para los jugadores locales
El beneficio fiscal contemplado en el proyecto se aplicará únicamente a las plataformas que operen para clientes extranjeros, mientras que los operadores dirigidos a residentes georgianos continuarán sujetos al régimen impositivo vigente.
En 2024, Georgia elevó la edad mínima para participar en juegos de azar de 21 a 25 años. Además, el año pasado incorporó nuevas restricciones para empleados del sector público y personas con antecedentes penales, medidas que, según el proyecto, alcanzan actualmente a más de 1,5 millones de personas. Los impulsores de la iniciativa sostienen que el nuevo régimen también podría favorecer la llegada de inversiones y la creación de empleo en áreas como tecnología y marketing.
