El mercado negro del juego: un riesgo global que exige equilibrio regulatorio y tributario

Cuando la carga fiscal supera niveles razonables, el operador regulado pierde competitividad frente a actores ilegales que no pagan impuestos, no cumplen estándares de juego responsable y tampoco ofrecen garantías al usuario. Elízabeth Maya Cano, presidente ejecutiva de Cornazar, analiza por qué América Latina está frente a una decisión que no puede seguir postergando.

Opinión.- El crecimiento del mercado ilegal de juegos de suerte y azar se ha convertido en una preocupación global que merece un análisis profundo y responsable. Hoy, más que nunca, resulta necesario entender por qué, en distintos países de América Latina y del mundo, muchos jugadores terminan migrando hacia operadores ilegales o plataformas offshore, aun existiendo una oferta regulada y supervisada por el Estado.

La respuesta revela una realidad que gobiernos y reguladores no pueden ignorar: cuando la carga tributaria, las restricciones operativas o la sobrerregulación hacen inviable o poco competitiva la operación legal, el mercado ilegal encuentra terreno fértil para expandirse.

¿Los impuestos están fortaleciendo el mercado regulado o empujando a los jugadores hacia la ilegalidad?

Los recientes aumentos tributarios en algunos países de América Latina sí están generando un riesgo real de migración de jugadores hacia mercados ilegales y plataformas offshore. La lógica es simple: cuando la carga fiscal supera niveles razonables, el operador regulado pierde competitividad frente a actores ilegales que no pagan impuestos, no cumplen estándares de juego responsable y tampoco ofrecen garantías reales al usuario.

El jugador, en la mayoría de los casos, busca una experiencia de juego atractiva, facilidad operativa, promociones competitivas, anonimato y mejores retornos. Si el operador formal no puede ofrecerle eso porque su estructura de costos está asfixiada por una tributación excesiva, la migración ocurre rápidamente y de forma silenciosa, hacia espacios donde no existen controles efectivos ni protección alguna para el consumidor.

«Paradójicamente, muchas decisiones fiscales terminan produciendo el efecto contrario al esperado: en lugar de fortalecer el mercado regulado, impulsan indirectamente la informalidad y debilitan el canal legal.»

Y allí comienza el verdadero riesgo. El mercado negro —en Colombia y en la región— no aporta recursos para la salud pública, no genera empleo formal, no implementa políticas de juego responsable y tampoco cumple con los estándares de gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo o protección de datos personales. Se trata de un ecosistema que opera al margen de la ley, debilitando tanto la sostenibilidad de la industria formal como la capacidad del Estado para ejercer control efectivo y recaudar los recursos que la sociedad necesita.

¿Cuál es la tasa impositiva correcta? El difícil arte del equilibrio

No existe una fórmula universal, pero sí existe un principio rector que la experiencia internacional ha validado de manera consistente: la regulación debe ser técnica, proporcional y coherente con la realidad económica del sector. Los países que han logrado contener el crecimiento del mercado ilegal son precisamente aquellos que comprendieron que legislar más no es lo mismo que legislar mejor.

El equilibrio correcto debe cumplir dos condiciones simultáneas: permitir que el Estado recaude recursos significativos para causas sociales como la salud, y al mismo tiempo garantizar que el operador legal pueda competir en condiciones razonables frente al mercado informal y las plataformas offshore.

Cuando esa ecuación se rompe —cuando el fisco exige demasiado y el regulador restringe demasiado— los operadores formales no desaparecen solos: arrastran consigo la recaudación, el empleo y la protección que solo el mercado regulado puede ofrecer al jugador.

«Un país no puede exigir legalidad y, al mismo tiempo, castigar a quienes operan dentro de ella. El operador legal debe ser visto como un aliado estratégico del Estado, no como una caja menor de cada gobierno de turno.»

La solución no es solo perseguir la ilegalidad: es no empujar hacia ella

La lucha contra el mercado negro no puede recaer únicamente sobre los hombros de los operadores legales. Requiere articulación institucional, cooperación internacional, control efectivo sobre plataformas ilegales, educación al jugador y políticas públicas coherentes y de largo plazo que fortalezcan estructuralmente a la industria del juego regulado.

Desde la visión gremial, el mensaje es claro: debilitar al operador formal no reduce la ilegalidad. Por el contrario, puede terminar fortaleciéndola. El verdadero desafío no es solamente perseguir al operador ilegal cuando ya está instalado, sino construir las condiciones de mercado que eviten que los jugadores y los propios operadores se vean tentados a migrar hacia él.

El fortalecimiento del mercado regulado depende de construir condiciones sostenibles para la formalidad. Y eso exige que los modelos tributarios sean técnicamente sustentados, proporcionales y competitivos frente a la realidad del mercado internacional. No como un favor al sector, sino como una decisión de política pública inteligente.

Elízabeth Maya Cano, presidente ejecutiva de Cornazar.