Documentos bajo secreto cuestionan el fundamento de la prohibición en Brasil

Respuestas por la Ley de Acceso a la Información revelaron que el Gobierno no realizó estudios técnicos sobre el impacto de la medida.

Datos clave:

• Distintos organismos federales confirmaron mediante la Ley de Acceso a la Información que no realizaron estudios previos de impacto económico, fiscal o social sobre la MP 1.394/2026.
• El Ministerio de Hacienda y la Receita Federal no emitieron informes sobre la recaudación tributaria que perderá el Estado tras el cierre del mercado regulado.
• El Ministerio de Justicia clasificó como reservada durante cinco años la documentación interna utilizada para elaborar la prohibición del juego online.
• La Casa Civil denegó solicitudes de acceso a la información sobre los dictámenes jurídicos amparándose en el secreto profesional.
• Las empresas del sector evalúan recurrir a la Justicia para reclamar la devolución de R$2.500m (US$450m) abonados por licencias de operación.

Resumen: La prohibición de las apuestas de cuota fija y los casinos online en Brasil mediante la Medida Provisional 1.394/2026 quedó bajo cuestionamiento tras revelarse la falta de informes técnicos que justifiquen la medida. Respuestas oficiales de diversos ministerios a solicitudes de acceso a la información mostraron la ausencia de evaluaciones sobre las consecuencias económicas, fiscales y sociales del cierre del mercado. Además, el Gobierno impuso un plazo de secreto de cinco años sobre la documentación clave que sustentó la decisión presidencial.

Brasil.- La prohibición de las apuestas de cuota fija y los casinos online en Brasil, establecida mediante la Medida Provisional (MP) 1.394/2026, quedó bajo cuestionamiento por la falta de información pública sobre los fundamentos técnicos que llevaron al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a impulsar la medida. Una serie de respuestas oficiales a solicitudes presentadas bajo la Ley de Acceso a la Información (LAI) mostró que distintos organismos federales no disponían de estudios específicos sobre el impacto de la prohibición, mientras que otros restringieron el acceso a los documentos utilizados durante su elaboración.

La situación presenta dos aspectos centrales: por un lado, la ausencia de evaluaciones previas sobre las consecuencias económicas, fiscales y sociales de la decisión y, por otro, las restricciones impuestas para conocer qué informes, análisis y fundamentos jurídicos fueron considerados antes de su aprobación.

La MP 1.394/2026 fue firmada por Lula el 25 de septiembre y estableció la prohibición de la oferta, operación, explotación y publicidad de las apuestas de cuota fija y los juegos online en el país. Sin embargo, las respuestas obtenidas por distintos medios brasileños a través de la LAI muestran que no hay constancia de una evaluación integral de sus posibles consecuencias en las áreas consultadas.

La falta de evaluaciones de impacto en los organismos federales

Uno de los elementos más relevantes surgió de una solicitud presentada el 20 de septiembre ante el Ministerio de Hacienda, cinco días antes de la firma de la medida. El pedido buscaba determinar si el Gobierno había encargado o elaborado estudios, notas técnicas, informes jurídicos o evaluaciones económicas y regulatorias sobre las consecuencias de una eventual prohibición de las apuestas de cuota fija, los casinos online y su publicidad.

La respuesta, formalizada el 24 de septiembre, fue que no se habían identificado estudios específicamente destinados a evaluar los impactos económicos, fiscales, regulatorios o sociales de una prohibición total o parcial de la actividad.

El Ministerio de Hacienda explicó que la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) desarrollaba sus funciones dentro del marco legal vigente, orientadas a la regulación, autorización, supervisión y fiscalización del mercado autorizado. También señaló que no tenía atribuida una competencia específica para realizar evaluaciones generales y prospectivas sobre la eventual prohibición del sector.

La falta de estudios no se limitó a esa cartera. Una investigación posterior, basada en otras tres solicitudes de acceso a la información presentadas el mismo 20 de septiembre, amplió el alcance de las respuestas a otros organismos federales.

El Ministerio de Planificación y Presupuesto informó que no había realizado evaluaciones relacionadas con modificaciones en la política pública de apuestas ni sobre el sector en general. La respuesta comprendió el período entre el 1 de enero de 2025 y la fecha de contestación del pedido, en octubre de 2026.

Por su parte, el Centro de Estudios Tributarios y Aduaneros (CETAD) de la Receita Federal indicó que sus únicas notas técnicas sobre el tema eran dos documentos elaborados antes de la prohibición. La respuesta fue emitida el 29 de septiembre, cuatro días después de la publicación de la MP, y no incluyó nuevas estimaciones sobre la recaudación que dejaría de percibir el Estado como consecuencia del cierre del mercado regulado.

La Casa Civil, organismo responsable de coordinar la elaboración de medidas provisionales, tampoco presentó estudios de impacto. Su respuesta enumeró reuniones y documentos administrativos, pero no identificó evaluaciones previas sobre las consecuencias de la prohibición. Además, no respondió directamente si había solicitado, recibido o analizado estudios elaborados por otras dependencias.

En conjunto, las respuestas de Hacienda, Planificación, Receita Federal y Casa Civil no permitieron identificar una evaluación integral de los efectos de la decisión.

Cinco años de secreto en el Ministerio de Justicia

A la ausencia de evaluaciones identificadas se sumó otra decisión que restringió el acceso a la información: el Ministerio de Justicia impuso un plazo de secreto de cinco años sobre la documentación utilizada para elaborar la MP 1.394/2026.

Según una investigación publicada por el medio JOTA, la clasificación fue formalizada el 24 de septiembre, un día antes de la firma de la medida por parte de Lula. La decisión fue adoptada por Victor Oliveira Fernandes, secretario de Derechos Digitales de la cartera, después de que el medio solicitara los documentos mediante la Ley de Acceso a la Información.

Como fundamento, el funcionario sostuvo que la divulgación del material podría representar un riesgo para la vida, la seguridad o la salud de la población, además de generar un elevado riesgo para la estabilidad financiera, económica o monetaria del país.

La Casa Civil también rechaza divulgar los documentos

La restricción informativa alcanzó igualmente a la Casa Civil, que rechazó el 29 de octubre una solicitud presentada por BBC News Brasil a través de la LAI para acceder a los estudios, informes y dictámenes que fundamentaron la decisión presidencial.

La respuesta invocó el secreto profesional entre abogado y cliente, contemplado en el Estatuto de la Abogacía. Según explicó el organismo, los dictámenes elaborados por la Abogacía General de la Unión y por los equipos jurídicos de la Presidencia están protegidos por esa disposición. La Casa Civil extendió el mismo criterio al resto de los documentos del proceso administrativo, al considerar que habían sido remitidos a su área jurídica para respaldar la elaboración de los dictámenes.

La decisión fue cuestionada por especialistas en transparencia pública, que señalaron que esa interpretación podría impedir indefinidamente el acceso a información de interés público.

Consecuencias económicas y regulatorias pendientes

La falta de acceso a los documentos y la ausencia de evaluaciones de impacto identificadas adquieren relevancia en un proceso que implica el cierre del mercado regulado, la extinción de las autorizaciones existentes y la interrupción de una actividad que había sido reglamentada mediante la Ley 14.790/2023.

Entre las consecuencias señaladas por las asociaciones empresariales del sector figuran una posible expansión del mercado ilegal, la pérdida de recaudación tributaria y los efectos sobre el empleo y los compromisos comerciales vinculados con la actividad.

Otro de los puntos pendientes es el destino de los R$2.500m (US$450m) abonados por las empresas en concepto de licencias para operar en Brasil. Distintas compañías y asociaciones anticiparon que podrían recurrir a la Justicia para reclamar la devolución de esos importes, al considerar que la interrupción de las autorizaciones modifica las condiciones bajo las cuales realizaron sus inversiones.

Por el momento, las respuestas oficiales no permiten determinar qué evaluaciones económicas o regulatorias se realizaron antes de la decisión, qué organismos participaron en su análisis ni si las áreas técnicas advirtieron sobre posibles consecuencias negativas.

Preguntas frecuentes

• ¿Por qué se cuestionan los fundamentos de la prohibición del juego en Brasil? Se cuestionan porque respuestas oficiales de organismos federales revelaron que el Gobierno de Brasil no elaboró ni encargó estudios previos de impacto económico, fiscal o social antes de decretar la prohibición.
• ¿Qué ministerios confirmaron no tener evaluaciones sobre la medida? Los ministerios de Hacienda y de Planificación y Presupuesto, junto con el Centro de Estudios Tributarios y Aduaneros y la Casa Civil, indicaron que no realizaron análisis integrales sobre las consecuencias del veto.
• ¿Por qué se clasificó la documentación del Ministerio de Justicia en secreto? El Ministerio de Justicia impuso un secreto de cinco años sobre los documentos alegando que su divulgación representaría un riesgo para la seguridad, la salud de la población y la estabilidad económica del país.
• ¿Qué reclamo económico podrían iniciar las empresas de juego online en Brasil? Las compañías del sector analizan acudir a los tribunales para demandar la devolución de R$2.500m (US$450m) pagados por las licencias operativas, al verse modificadas de forma intempestiva las condiciones regulatorias.