Coljuegos continúa con operativos en Barranquilla: ya son 376 máquinas ilegales incautadas en una semana
En un reciente operativo se retiraron 83 máquinas tragamonedas ilegales, que se sumaron a las 293 incautadas en los últimos días.
Colombia.- En un operativo realizado por Coljuegos, con el apoyo del Batallón de Policía Militar número 2 del Ejército Nacional, fueron incautadas 83 máquinas electrónicas tragamonedas que operaban sin autorización en Barranquilla y que dejaban de transferir millonarios recursos para el sistema de salud. Estos elementos de juego fueron retirados en seis establecimientos de comercio ubicados en distintos sectores de la ciudad.
Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, dijo: “Volvimos a dar un golpe contundente contra las mafias que operan juegos de suerte y azar no autorizados en la capital del Atlántico. Este es el resultado de verificaciones realizadas por nuestro equipo de Control a las Operaciones Ilegales durante varios meses”.
Y recordó que este es el segundo golpe contra la delincuencia que se lleva a cabo en menos de una semana en la capital del Atlántico. La semana pasada, lograron incautar 293 elementos de juego ilegales y desmantelaron una ensambladora clandestina de máquinas tragamonedas.
En ese sentido, Hincapié agregó: “Estos resultados han sido posibles gracias al trabajo interinstitucional. Como Estado, estamos combatiendo de manera contundente a las estructuras criminales que incurren en la operación ilegal de juegos y defraudan los recursos para la salud subsidiada”.
El presidente de Coljuegos destacó que, durante la administración del actual, la entidad incautó un total de 8.489 elementos ilegales de juego en más de 20 departamentos del país. Asimismo, durante la presente administración se destruyeron 12.833 elementos de juego ilegales, esto con el fin de evitar que volvieran a caer en manos de estructuras organizadas.
Desde Coljuegos recordaron que la operación de juegos de suerte y azar sin autorización es un delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal. Además, quienes sean hallados culpables podrían recibir una sanción de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los 83 elementos incautados entrarán a ser parte de un proceso administrativo sancionatorio antes de ser destruidos por la entidad.
