Castilla y León multará a casas de apuestas que permitan el ingreso a menores de edad
La modificación de una ley traerá regulaciones adaptadas a la época tecnológica actual.
España.- Ante la necesidad de reforzar la protección de los menores, el gobierno de Castilla y León implementará nuevas sanciones para los locales de juego. Con la aprobación en fase avanzada de la nueva Ley de Atención a la Infancia y la Adolescencia, se multará económicamente a los establecimientos que permitan la entrada de menores de 18 años.
Específicamente, se prevé imponer multas de hasta EUR20.000 a aquellos negocios que no limiten la entrada de menores, incluidas las casas de apuestas, y extendiéndose esta prohibición a locales donde se vendan o suministren bebidas alcohólicas o se realicen actividades y espectáculos de índole violenta, pornográfica, denigrante o que impliquen maltrato animal.
Se estipula que es una sanción grave, tipificación que se aplicará también a la no solicitud de plaza escolar para un «menor en edad de escolarización obligatoria, así como no facilitar o impedir reiteradamente su asistencia al centro escolar sin causa justificada«. Implica una medida coercitiva para luchar contra el absentismo persistente.
El proyecto normativo que reemplazará la vigente Ley de Protección a la Infancia, aprobada en 2002, se encuentra en una fase muy avanzada. Recientemente, superó el informe preliminar del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, recibiendo una valoración favorable por aplicar «un enfoque moderno» para enfrentar desafíos actuales, como la protección en entornos digitales y la atención a colectivos vulnerables.
La nueva norma aborda las situaciones en que los menores están bajo la tutela de la Administración, sustentándose en el derecho de estos a ser escuchados y a participar en las decisiones que afectan sus vidas, siempre que sean mayores de 12 años o, en el caso de menores, demuestren la madurez suficiente. Además, regula de forma específica la atención a niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados, consolidando sus derechos en el artículo 74.
El Consejo Económico y Social recomendó a la Junta que deje claro en la normativa criterios de evaluación, inspección y control sobre los establecimientos y servicios dirigidos a menores. Estima que cualquier responsabilidad, si se socava el bienestar de niños y adolescentes, debe recaer «prioritariamente sobre los operadores económicos, no sobre los propios menores«.
