Apuestas deportivas en Brasil: la SPA creó una oficina para optimizar la transferencia de recursos

La SPA, del Ministerio de Hacienda, creó la Oficina Nacional de Prorrateo.
La SPA, del Ministerio de Hacienda, creó la Oficina Nacional de Prorrateo.

El organismo busca mejorar la eficiencia operativa en la centralización y distribución de los pagos destinados a deportistas, clubes y confederaciones.

Brasil.- La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), del Ministerio de Hacienda, creó la Oficina Nacional de Prorrateo (ENR, por sus siglas en portugués), organismo que será responsable de optimizar la transferencia de impuestos pagados por los operadores de apuestas deportivas a las entidades que deben recibir estos recursos. La implementación de la entidad cumple con lo dispuesto en la Ordenanza Nº 41/2025.

La ENR fue creada para que los ingresos de las casas de apuestas reguladas puedan centralizarse mejor y distribuirse entre clubes, federaciones y deportistas, según lo previsto en la Ley 14.790/23. Otra ventaja del nuevo organismo público es la reducción de costes para las casas de apuestas, ya que los gastos operativos se compartirán entre las empresas.

Según la SPA, la Oficina Nacional de Prorrateo también contribuye a la transparencia, ya que centralizar las operaciones puede proporcionar información más clara al mercado.

Desde el 1 de enero, las empresas de juegos en línea que cuenten con licencia federal para operar en el país deberán pagar tarifas mensuales sobre los ingresos brutos recaudados de las apuestas deportivas y los casinos en línea. Parte de esos recursos, según la normativa vigente, deben ser transferidos a entidades como el Comité Olímpico Brasileño (COB) y el Comité Paralímpico Brasileño (CPB), estas instituciones, a su vez, dividen los fondos entre clubes y deportistas.

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Los operadores tienen la opción de no utilizar la ENR y realizar transferencias de forma individual. Sin embargo, las empresas tendrán que soportar mayores costes operativos y plazos más cortos. Las transferencias mensuales deberán comenzar el 31 de enero de 2025.

Al optar por la alternativa privada o pública, las empresas deberán obedecer las normas establecidas en la ordenanza, emitir un estado financiero anual y mantener la documentación de transferencias durante cinco años.

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